POR PROF. WILFREDO MENDOZA FLORES
wil.mendoza.flores@gmail.com
En la práctica, las nuevas autoridades electas el pasado 7 de octubre mediante voluntad popular ya han asumido el cargo en el gobierno regional y en las municipalidades provinciales y distritales. Igualmente los consejeros y los regidores; porque en la realidad se convierten en servidores públicos y ganarán una dieta establecida de acuerdo a un porcentaje.
Refiriéndome a los consejeros y regidores, les corresponde de conformidad a ley según la remuneración que perciba el Gobernador y los alcaldes, siempre y cuando haya el presupuesto para dicho fin. Están en su derecho y de eso no hay duda, solo que, deben retribuir y responder con trabajo y entrega, con producción y resultados conforme a las funciones que están determinadas en las leyes orgánicas de las municipalidades y gobiernos regionales, especialmente en el Manuel de Organización y Funciones (MOF) y en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que deben ser actualizados y ser cumplidos escrupulosamente.
Sumado a ellos, también ya se conoce el nombre de los funcionarios de confianza en cargos importantes. Unos conocidos por su trayectoria y experiencia. Otros por su militancia en la organización política ganadora y algunos que son ilustres desconocidos; pero poseen un perfil acorde según su profesionalidad.
Conforme pasen los días, no faltará, inevitablemente, algunos personajes conocidos por su dilatada trayectoria en actos subalternos; es decir los que gustan traer y llevar chismes con el único afán de congraciarse con el jefe que también le gusta tener al lado a un “ayayero” o a un “zalamero” como felipillos que se convierte en los ojos y oídos del jefe que suele escuchar lo que le conviene.
A partir del 1 de enero y en los cuatro años subsiguientes, reitero, asumen sus funciones los nuevos gobernadores y consejeros regionales, así como los alcaldes y regidores de todo el país y particularmente de nuestra Región. Desafío o reto que es asumido con gran expectativa de los vecinos que depositaron su confianza en las flamantes autoridades y esperado con recelo por quienes apostaban por otra opción política para el gobierno de su jurisdicción. En este sentido, las autoridades, ya no solo son líderes de su partido político, sino su responsabilidad es mayor al tener al pueblo o ciudadanos de diferentes colores políticos que demandan una gestión transparente, oportuna y eficiente.
Asumir una gestión como autoridad electa demanda muchas cualidades. Una de ellas es tener la suficiente “correa” y paciencia como para soportar acusaciones que se lanzan con bastante ligereza, incluso mucho tiempo después de haber dejado el cargo. Incluso, adquieren una fuerte presión de la ciudadanía que demanda solución a las necesidades y problemas; sobre todo, exigirán un puesto de trabajo en el mejor de los casos.
Por citar casos. En estos tiempos, es muy fácil decir que una persona pública es corrupta o que cometió tal o cual delito, sin mayor prueba ni fundamento. Basta revisar las redes sociales e incluso algunos prestigiosos medios de comunicación para encontrar casos de autoridades que son acusadas y socialmente condenadas por hechos que no son de su responsabilidad.
En la administración pública prácticamente toda está normado o reglamentado y, sometido a diversos controles. Corresponde a cada servidor público asumir las consecuencias de sus actos u omisiones, especialmente cuando se determina responsabilidad administrativa, civil y penal. Existen mecanismos para el deslinde de responsabilidades y éstas deberían ser de carácter personalísimo, pero no siempre es así. Las amonestaciones, sanciones y penas, siempre se dan por los más débiles, por los que no tienen padrinos.
Cuando en una entidad pública o en ministerio del estado se detectan irregularidades cometidas por subalternos, es común que los funcionarios de confianza asuman la responsabilidad política y pongan sus cargos a disposición, renuncien a ellos o acepten que se deje sin efecto su designación.
En el caso de autoridades electas, ello no ocurre porque su mandato emana de la voluntad popular; pero sí suelen cargar con el peso de errores ajenos, no solo en el plano político, con la pérdida de su imagen o de su reputación, sino también en el plano legal que se inicia con una denuncia en la instancia pertinente.
Aunque parezca increíble, una notificación, una multa de tránsito o un permiso mal otorgado por un determinado servidor edil, pueden ser suficientes para que un alcalde acuda a declarar ante la policía o el Ministerio Público, en calidad de investigado.
Es algo que las nuevas autoridades deben considerar y tomar en cuenta permanentemente para que conformen sus equipos de trabajo con personal calificado, con experiencia en la gestión pública sin antecedentes policiales y judiciales que les evite pérdida de tiempo y desagradables momentos en su administración y en el futuro.
