POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Todos recordamos con infinita gratitud cuando a inicios del Covid-19, tanto personal de salud como policial hacían denodados esfuerzos por combatir esta pandemia y a su vez mantener el orden a nivel nacional. Encomiables ahíncos fueron, aunque de manera simbólica, compensados a diario y alrededor de las 8 pm con aplausos interminables. Héroes, sí. Y de carne y hueso. Además del alto precio a pagar: más de 1000 muertos y otros cientos recuperados, aunque con secuelas posteriores.
Pasaron los meses, vacado el mitómano exinquilino de Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra, asumió el caviarón Francisco Sagasti defenestrando de inmediato a esta noble institución: 18 Generales PNP pasados al retiro. ¿La razón?, simple, como de costumbre “potestad presidencial”. Con la llegada del tristemente célebre Pedro Castillo, la situación estuvo lejos de mejorar. Fresco queda el recuerdo del mes de agosto de 2022 cuando en visita a la región San Martín dos efectivos se agacharon para atarle los zapatos al prosor. Y claro, el vergonzoso capítulo de los ascensos ilegales, en los que llegó a afirmarse que cada Coronel PNP (recomendado por el entorno de Castillo Terrones) desembolsó en promedio US$ 40 mil para tan preciado cargo. Lo cierto es que varios de estos recién promovidos fueron puestos tras las rejas preliminarmente, aunque luego la Sala decretó su libertad.
Hoy, bajo este precoz gobierno, el panorama tampoco augura algo bueno. Es ampliamente conocido que desde el día 1 movilizaciones desde distintas partes del país, inclusive hacia Lima, vienen exigiendo la renuncia de Dina Boluarte. Como de costumbre, la mandataria -quizá pretendiendo deslindar de cualquier responsabilidad penal- declaró “si hubo exceso de la Policía, lo lamentamos”. En paralelo, la Fiscalía ya inició investigación contra las fuerzas del orden responsables del fallecimiento de decenas de marchantes. A esto se suman los caviares, so pretexto de la defensa de los derechos humanos. De los violentistas, desde luego. Mirtha Vásquez, otrora jefa del gabinete de encarcelado Castillo, culpó a las fuerzas del orden de “ejecuciones extrajudiciales”, sobre la base de un presunto informe del medio (también caviaron) IDL-Reporteros. Por su parte, Amnistía Internacional, luego de entrevistarse con la misma presidente, acusó al Ejército y PNP de haber utilizado ilegítimamente armas letales contra la población en las protestas. Aunado a ello, la semana pasada siete valerosos policías ofrendaron sus vidas en el VRAEM producto de una emboscada narcoterrorista.
Amén de todo lo indicado, nuestra benemérita Policía Nacional debe seguir cumpliendo con su deber de combatir la delincuencia, común u organizada, trata de personas, TID, homicidios, etc. La gran interrogante es ¿hasta cuándo más exigencia al efectivo policial? Estas acciones llevadas a cabo no solo ocasionan que expongan sus vidas, sino además de sufrir secuelas que no se advierten a primera vista pero que luego se manifiestan (por ejemplo, la salud mental). Debemos poner coto de una vez a esta lamentable situación, como sociedad y como país. Respetémosle, son tus amigos policías.
