La Fiscalía Provincial Penal de Islay dispuso la apertura de investigación preliminar en contra de tres ciudadanos y dirigentes de la provincia de Islay, por estar inmersos en el presunto delito contra el orden público en la modalidad de disturbios en agravio del estado el 8 de setiembre de 2022 durante las manifestaciones en contra de la resolución 624 de la ANA con la que se autoriza el uso de aguas del Tambo por la empresa minera Quellaveco.
40 DÍAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Según la carpeta fiscal N° 2022-1136 del despacho a cargo del fiscal provincial Álvaro Torres Ramos, se dispone la iniciación de la investigación preliminar por el lapso de 40 días en los cuales se tienen que realizar diferentes acciones, entre ellas citar a los implicados: Santiago Salazar Arteaga, Gladys Añari Flores y María Eugenia Uscamayta Mendoza para que rindan su declaración.
Además de la declaración del mayor PNP Daniel Oliver Sucasaire quien deberá detallar la forma en la que encontró e identificó a los dirigentes mencionados.
Asimismo, se hará una pericia antropométrica con la que se podrá homologar las fotografías de esa data para corroborar la participación de los investigados; y otras diligencias que pudieran ser necesarias para recabar pruebas, todo eso en el plazo establecido de 40 días.
LOS HECHOS SEGÚN LA CARPETA FISCAL
Según el informe preliminar de la carpeta fiscal, el día 8 de setiembre desde las 10:00 horas, un grupo de 100 personas se ubicaron en la rotonda de Matarani, bloqueando el paso de vehículos menores, medianos y de carga pesada hacia Quilca y Arequipa; portando banderas de “Agro sí, mina no” y “Construcción civil base Matarani”, participando activamente los tres investigados que incentivaban a continuar el bloqueo que duró hasta las 18:30 horas, “afectando la circulación de vehículos”. (KM)