En lo que va del 2025, los gobiernos regionales y municipales recibieron en sus cuentas 8 340 millones de soles por canon y regalías mineras, según el Ministerio de Energía y Minas (MEF). Áncash, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica y Apurímac fueron las más beneficiadas. En teoría, ese dinero debería traducirse en obras de agua, salud y educación. En la práctica, se evapora.
Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) muestra que, mientras más recursos reciben los gobiernos subnacionales, menos gastan. Una de las razones es que 65 % de municipalidades no tiene capacidad para formular proyectos. Otra es la alta rotación de funcionarios: los gerentes regionales duran, en promedio, apenas diez meses en sus cargos. Eso explica que, hasta agosto, solo cuatro de cada diez soles de canon y regalías se hayan invertido en obras. Solo cinco regiones gastaron más de la mitad de ese dinero, mientras que Áncash y Junín apenas usaron un tercio de sus presupuestos, según cifras oficiales.
Y cuando se gasta, se gasta mal. En Yarabamba, un distrito de Arequipa, con apenas dos mil habitantes, se levantó un estadio con capacidad para el doble de su población, mientras los vecinos siguen abasteciéndose de agua en cisternas. No es un caso aislado: entre 2015 y 2024, se dejaron sin ejecutar 43 500 millones de soles de canon y regalías. Con ese dinero se habrían podido construir 553 Escuelas Bicentenario, 8 700 centros de salud de primer nivel o financiar programas sociales como Pensión 65 y Juntos.
Pero a la incapacidad de gasto y la corrupción se suma un problema mayor: la evasión tributaria de la minería ilegal. Según el Ministerio de Energía y Minas, solo en 2025 los gobiernos subnacionales dejarán de percibir 2 600 millones de soles por canon minero debido a que los operadores ilegales no pagan impuestos. Apurímac perderá 213 millones, Puno 460 millones, Arequipa 450 millones, Madre de Dios 240 millones, La Libertad 215 millones y Ayacucho 160 millones.
Eso quiere decir que las regiones están perdiendo recursos por partida doble. Primero, porque no logran gastar con eficiencia lo que reciben de la minería formal y lo desperdician en actos de corrupción. Segundo, porque dejan de percibir lo que debería ingresar si la actividad ilegal pagara impuestos. Son miles de millones que se pierden, mientras los ciudadanos esperan hospitales equipados, colegios seguros y carreteras transitables.