Las denuncias hechas por la regidora Rossmery Villegas sobre supuestas irregularidades al interior de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto han generado un remezón político en la actual gestión del alcalde John Larry Coayla. Entre los señalados se encuentran el gerente municipal, Carlos Ponce, acusado de beneficiar a su pareja sentimental en el programa Procompite, y el administrador municipal, implicado en presuntos malos manejos.

Frente a este escenario, el regidor Rudolf Gutiérrez afirmó que la Oficina de Control Institucional (OCI) ya tiene conocimiento de los hechos y será la encargada de investigar. “Entiendo que legalmente no existiría incompatibilidad, pero desde el punto de vista ético, no ha sido correcto. No se ve bien y afecta la imagen institucional”, declaró.

Las denuncias de Villegas también han provocado reacciones mixtas. Mientras algunos aplauden su rol fiscalizador, otros cuestionan el momento político en el que se hacen públicas. Sobre ello, Gutiérrez opinó que “es parte del juego político, especialmente en un año preelectoral”, pero recalcó que lo importante es que las acusaciones sigan el cauce legal.

“Si hay amenazas, si hay agresiones o presiones, que se denuncien formalmente. No podemos quedarnos en lo mediático. La institucionalidad exige claridad y responsabilidad”, advirtió.

Gutiérrez también lamentó el clima tenso dentro del Concejo Municipal, donde incluso se han reportado amenazas entre regidores. “Es deplorable que se llegue a ese nivel. Hay que investigar todo, sin show ni victimización”, expresó.