POR: ESTEFANY PACHO Y ANDY PHILIPPS (POLITÓLOGOS)
Son las 8 de la noche, hace calor y estás cansado. Buscas un lugar donde tu familia pueda descansar, pero no hay. El centro comercial parece ser la mejor opción, de paso podrás consumir alguna comida rápida mientras tu hijo juega con los 5 soles que te quedan en una de esas máquinas con luces. Encuentras un sitio, llamas a tu hijo, acomodan la bandeja. De pronto, el techo se desploma. No queda nada.
El 21 de febrero, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, parte del grupo Intercorp, colapsó ante decenas de familias, dejando ocho fallecidos y más de 80 heridos, incluidos niños. Este suceso ha destapado una serie de negligencias, corrupción y lobby político, que conectados nos confirma que estamos frente (y dentro) a un sistema que pone unos dólares por encima de la vida.
LO PRIVADO NO ES NECESARIAMENTE MEJOR QUE LO PÚBLICO
Desde la constitucionalización del neoliberalismo en el ‘93 y su relativa victoria cultural en la costa y las grandes ciudades, la élite peruana ha insistido que el sector privado es más eficiente que el Estado y que la “libre competencia» sin regulación mejora la calidad. Nada más lejos de la realidad.
Uno de los símbolos del desarrollo neoliberal y el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido la instalación de centros comerciales como espacios de encuentro, ocio y, sobre todo, de consumo. Para las ciudades medianas como Ilo y Moquegua, la llegada del cine o de Plaza Vea han sido interpretadas como la llegada de oportunidades y modernidad.
Muchos de estos establecimientos pertenecen al Grupo Intercorp, uno de los conglomerados más grandes del Perú cuyo dueño es Carlos Rodríguez-Pastor, el hombre más rico del Perú. Según Ojo Público, construyó su imperio financiero, comercial y educativo bajo las leyes de la mancomunidad de Bahamas, y gran parte de sus subsidiarias están registradas y pagan impuestos en Panamá, un paraíso fiscal.
Precisamente estos establecimientos (que también incluye Innova School o la UTP) han presentado fallas estructurales, filtraciones de agua y otros riesgos en los últimos años en Arequipa, Moquegua, Piura o Lima. Es más, en las últimas dos semanas, las municipalidades, -sospechosamente apuradas-, clausuraron 17 malls y 10 supermercados, en su mayoría Real Plaza. Un contraste evidente con instalaciones deportivas como los coliseos Gran Chimú (Trujillo), Amauta (Lima) y Manuel Odría (Junín), cuyos techos, con más de 50 años, siguen intactos.
CÓMPLICES DEL DESASTRE: CORRUPCIÓN MEDIANTE LOBBY
Nada de esto sería posible sin la complicidad del Estado: municipalidades que otorgan licencias sin fiscalizar, congresistas que debilitan la normativa de seguridad y un Ejecutivo que promulga complacientemente. Así, tragedias como la del Real Plaza Trujillo o, en su momento, el incendio de la discoteca Utopía, no son accidentes, sino producto de una cadena de decisiones y omisiones que los hace responsables.
En 2022, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, impulsó una norma que impedía la clausura de locales con observaciones. Más recientemente, el 16 de diciembre, su colega de bancada Adriana Tudela presentó un proyecto de ley para establecer la vigencia indefinida de los certificados de inspección técnica y seguridad en edificaciones (ITSE).
En el mismo sentido, la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), liderada por Carlos Neuhaus -quien es presentado como experto en gestión-, respaldó esta propuesta, argumentando que la fiscalización municipal es «arbitraria» y los costos de renovación de la ITSE «onerosos».
Estos actores cuentan no solo cuentan con poderosas plataformas detrás, sino con la complicidad de los medios de comunicación que, bajo la excusa de la imparcialidad, en lugar de cuestionar estas iniciativas legislativas que ponen en riesgos la vida de los peruanos, amplifican y legitiman su discurso.
MOQUEGUA EN ADVERTENCIA
Y no, este no es solo un problema de Trujillo. En Moquegua, Intercorp también tiene una fuerte presencia con Plaza Vea, Innova Schools y otras inversiones. Por lo que la pregunta es inevitable: ¿estamos seguros dentro de sus edificaciones?
La tragedia de Trujillo nos recuerda la necesidad no sólo de un Estado presente al servicio de los derechos de las personas, sino que un Estado capturado y atravesado por la corrupción y el lobby mata.
