POR: ENRIQUE LAZO FLORES
Los últimos acontecimientos producidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y las decisiones fuera de contexto real de parte del gobierno de Dina Boluarte, a través de su ministro del interior, respecto a lo que realmente sucedió el día que las fuerzas policiales ingresarán a este recinto, utilizando la fuerza a detener presumiblemente a personas ligadas al terrorismo, como lo pretendieron dar a saber, que finalmente se dieron de cara a que ninguno de los detenidos tenían esa condición, ha recibido como protesta, no solo en el país sino, del exterior ha salido de todo contexto democrático real, como se quiere hacer ver ante la comunidad nacional e internacional.
Si bien es cierto que las protestas como derecho constitucional del ciudadano, está enmarcado con reglas y normas, que la población en su mayoría trasladados del interior del país, sobre todo de regiones donde se mantiene esta actitud de rechazo al gobierno, está dejando ver que el ser estigmatizado, minimizado, discriminado, terruqueado y acusado, no contempla esas normas y está mostrándonos que somos un país sin “gobierno democrático”, donde no se respeta la condición humana y se arremete contra todo lo que no esté como lo desea este gobierno. sumisión y sin opción de reclamar ni protestar.
Existe una harta dosis de rechazo a este gobierno y se plasma en protestas generalizados en todo el país, donde los excesos están siendo destapados por la prensa alternativa donde se ve que, los mismos miembros policiales estarían actuando como miembros infiltrados que provocan los desmanes, en desmedro de los reclamos de la población, razón por las que son reprimidos de manera excesiva, provocando la muerte en algunos casos por el ejército y en la mayoría de los casos por la Policía Nacional, las mismas que se difunden en las redes sociales.
Estos excesos y contradicciones nos están dando una lectura que el país está bajo el mando de un gobierno militar, donde la presidente Dina Boluarte solo es una figura legal, montada sobre un mandato constitucional que también sería írrita, por la ilegalidad con que habría sido vacado Pedro Castillo, – cuya decisión está en manos de un juez supremo – reconocido por varios constitucionalistas, que no sería legítima.
De ser así, el congreso podría haber cometido ese grave error, por hacerla juramentar a Dina Boluarte como presidente Constitucional por Sucesión, como manda la constitución, sin embargo, ella continúa en el cargo, con el apoyo del Congreso, del Comando Conjunto y de su propio Gabinete que no la dejarían renunciar.
Para muchos es un gobierno cívico militar, donde no hay cabida para cálculos políticos que no estén dentro de los intereses del Congreso y del mismo Comando Conjunto, pese a las represalias, el pueblo de diferentes puntos del país sobre todo de los sectores universitarios, estudiantes, profesionales de casas de estudios superiores están sumando a la protesta y se dirigen a Lima capital. Las consecuencias ahora se tornan más difíciles para los que en este momento nos gobiernan.
A nadie en el Congreso, en el Gabinete y menos en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, le convendría la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República como lo exige el pueblo, y una de las razones es, que este año se cumple el plazo de la firma de varios contratos ley que son constitucionalmente irrevisables, y la única que puede firmar estos contratos ley sería la presidente de la Nación, en mandato legal del cargo. Poderosa razón por la que no la dejen renunciar.
En este panorama, la población ha salido de sus regiones para trasladarse a Lima a protestar, pero fueron reprimidos por las fuerzas del orden, registrándose más de medio centenar de muertos, sobre todo en regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y en mayor cantidad en Puno y Juliaca, por lo que la presidente Dina Boluarte y el premier, Otárola ya fueron denunciados a instancias internacionales, por genocidio.
Se vienen tiempos más difíciles, no hay signos que esto pase pronto, por un lado el Ejecutivo no da muestras de darle solución inmediata, Dina Boluarte debe estar presta a renunciar, pero las consecuencias que se vienen puede ser fatales para ella, se halla en una encrucijada de querer soltarse ya, por ella salir corriendo sería fácil pero no, no podrá salir de esta difícil situación que seguramente jamás pensó atravesar, pero no está sola en este problema, quizá, nadie calculó que esto se les iría de las manos, tanto del Congreso y de las FFAA, menos del premier Otárola, con la revuelta que hay en el país, no saben cómo solucionarlo, nadie sabe qué va a pasar más adelante, empero mientras encuentren la solución, el país está sin rumbo, con un gobierno aparentemente legítimo, democrático, donde el estado de derecho ha sido mellado por los excesos policiales.
Mientras tanto la empresa privada camina a paso lento, con menos inversiones, menos producción, con atentados a sus campamentos y con bloqueos a sus carreteras, menos posibilidades de enfrentar a la pobreza y la pandemia como sí lo hizo en momentos más críticos, donde no solo había cincuenta muertos, sino miles de muertos, precisamente cuando se necesitan el inicio de muchos de los proyectos que deberían empezar este año, para sostener esta crisis económica que se agrava cada día más, por esta crisis política.
Y en este escenario, nadie sabe a ciencia cierta quien nos gobierna, si es Dina Boluarte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o Alberto Otárola. Lógicamente sea quien sea, es con la complicidad de un Congreso cuyos integrantes traicionaron y actúan de espadas al pueblo que lo eligió.
