POR: HERNANDO CARPIO MONTOYA
En el Perú, la Contraloría General de la República (CGR) juega un papel crucial en la supervisión y control de los recursos públicos; sin embargo, la concentración de poder, algunos errores o exageraciones y la falta de transparencia en su funcionamiento han generado preocupaciones significativas entre los servidores del Estado. Este artículo aborda los riesgos a los que están expuestos los funcionarios públicos y el Estado Peruano debido a estas deficiencias.
La misión de La CGR es dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía el control gubernamental a las entidades públicas, para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, así como contribuir a la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones. Uno de los brazos operativos para estas funciones son los Órganos de Control Institucional (OCI), que actúan en las instituciones públicas, con funcionarios designados por la CGR que realizan su trabajo a través de control previo, simultáneo y posterior; emitiendo informes sobre las actividades auditadas. Estos informes pueden derivar en responsabilidades civiles, penales y administrativas para los funcionarios involucrados, existiendo casos donde estos documentos han brindado muy buena información sobre graves infracciones cometidas permitiendo al Estado actuar contra los responsables; sin embargo, la calidad de los informes no siempre es la mejor.
Uno de los principales problemas en la CGR es que, al parecer, existe una cultura organizacional que prioriza el castigo en lugar de la mejora de la gestión pública; en ocasiones pareciera que la evaluación de su personal depende del número de funcionarios imputados; si a esto se le suma la falta de especialización de algunas comisiones del OCI o el poco criterio demostrado, tenemos el escenario para una tormenta perfecta. Cuando estas comisiones no tienen el conocimiento adecuado sobre la materia auditada, pueden llegar a conclusiones incorrectas o recomendaciones inaplicables; además, si las comisiones tienen sesgos preconcebidos y no valoran adecuadamente los descargos de los funcionarios o los ignoran, sus conclusiones pueden llevar a largos procesos administrativos y judiciales inútiles; y esto no solo afecta a los funcionarios, sino que también consume recursos significativos del Estado, incluyendo horas de trabajo de fiscales y jueces, así como costos legales.
La falta de precisión y objetividad en algunos informes de la CGR puede tener consecuencias devastadoras para los funcionarios públicos. La publicación de esos informes imputando responsabilidades en la página web de la CGR expone a los funcionarios a un escarnio público injustificado; por otro lado, cuando se determina que no hay responsabilidad o no se amerita procesos administrativos, las resoluciones respectivas no se hacen públicas, perpetuando una asimetría perjudicial. Esta situación no solo daña la reputación y carrera de los funcionarios, sino que también genera desconfianza en el sistema de control gubernamental. La asimetría en la transparencia no solo es injusta, sino que también desincentiva a la CGR a corregir sus errores y asumir la responsabilidad por los daños causados.
Esta cultura punitiva no solo desmotiva a los funcionarios públicos quienes no se arriesgan para tomar decisiones dentro de sus procesos causando en muchas ocasiones retrasos y paralizaciones en metas de las entidades públicas, sino que también crea un ambiente de trabajo hostil y poco propicio para el desarrollo profesional o la iniciativa y convierte al funcionario en un fundamentalista de las normas.
Los pedidos de revisión de informes de la CGR, respaldados por una directiva interna, no son vinculantes; es decir, aunque puedan ser solicitados, la CGR no está obligada siquiera a revisarlos. Además, la Defensoría del Pueblo, cuando se recurre a dicha instancia, se limita a actuar como una mesa de partes de la CGR, sin poder ni voluntad real para intervenir o hacer recomendaciones. Esta falta de mecanismos de revisión efectivos deja a los funcionarios imputados injustamente en una situación de indefensión patética, resignados a tener que desvirtuar imputaciones en largos procesos judiciales, donde los procuradores tienen la obligación de apelar cuantas veces se pueda, aunque sea evidente el error, extendiendo el viacrucis muchos años, pero actuando “diligentemente”.
Para abordar estos problemas, es fundamental implementar cambios legales y estructurales. Una posible solución es cambiar el chip castigador desde la Escuela Nacional de Control, así como crear desincentivos para los auditores que se equivoquen, estableciendo un control de calidad efectivo y que se obligue a la CGR a pronunciarse sobre todos los descargos que reciba, a tener funcionarios capacitados en las materias auditadas, a sustentar técnicamente sus conclusiones, a hacer públicos los informes que liberen de responsabilidad a los funcionarios en los casos donde se haya cometido un error. Además, las sanciones a los propios funcionarios de la CGR también deberían ser públicas, para que dicho personal tome conciencia y asuma la responsabilidad de los informes. Un cambio radical sería por ejemplo que la CGR felicite públicamente a alguna entidad, porque alguien debe estar haciendo las cosas bien. Asimismo, debe incentivarse la labor de los procuradores para que revisen los informes que les llega y hagan las observaciones del caso, dejando de ser meros tramitadores de la CGR. Finalmente, la CGR debería asumir los costos de los procesos judiciales y administrativos en los casos donde se determine que hubo errores en sus informes.
En resumen, la falta de transparencia y el excesivo poder de la CGR representan, cuando se equivoca, un riesgo significativo para los funcionarios públicos y el Estado Peruano. Es esencial implementar medidas que garanticen un sistema de control más justo y transparente, protegiendo así los derechos de los funcionarios y asegurando un uso eficiente de los recursos públicos evitando que la CGR se convierta en una, no tan santa, Inquisición.
