POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
En la tarde del lunes pasado empezó a circular el rumor del asilo de Betssy Chávez en la embajada mexicana en nuestro país. Minutos después, el canciller Hugo de Zela confirmó la noticia, comunicando, a su vez, la decisión de romper relaciones diplomáticas con la nación azteca, tildando de inamistoso el actuar de Claudia Sheinbaum, quien, por su parte, aclaró que lo resuelto obedece a que la expremier de Pedro Castillo fue “víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y de una persecución política en el Perú”. En respuesta, el mandatario José Jerí comentó que otorgar o no el respectivo salvoconducto se decidirá sobre la base de la información técnica y los acuerdos internacionales.
En ese momento, la interrogante flotando fue: ¿debe conferirse el permiso para que Chávez Chino abandone territorio patrio? La respuesta está, en primer lugar, en la Constitución, cuyo artículo 36° refiere que “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante”. Sin embargo, la Convención sobre Asilo Diplomático (1954) puntualiza, en el artículo III, que “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.
Bajo este panorama, en la noche del viernes último, Torre Tagle anunció que el salvoconducto se dará (o no) luego de consultas a países de la Organización de Estados Americanos, cuestionando que “en los últimos años esta figura jurídica se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos”. Más enfático fue el presidente al afirmar que Betssy no se irá hasta que el Gobierno lo determine.
Pero resulta que Chávez no es cualquier procesada. De acuerdo con la fiscalía, participó vehementemente durante el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022, por lo que estuvo preventivamente detenida por 36 meses, hasta que fue liberada el 3 de septiembre pasado por una sentencia del Tribunal Constitucional que decretó a su favor el habeas corpus interpuesto, argumentándose que el régimen carcelario venció en diciembre de 2024. En resumen, Betssy presuntamente atentó contra nuestra soberanía. Y eso es un ilícito muy grave.
Paralelamente, el Congreso, por mayoría, declaró persona non grata a Sheinbaum Pardo por intromisión en asuntos internos. Dos años antes, en mayo de 2023, corrió igual suerte su predecesor Andrés Manuel López Obrador al criticar ácidamente, de manera reiterada, a Dina Boluarte. En su defensa, doña Claudia volvió a encubrir a Castillo Terrones, agregando que contra él existió discriminación por parte de la clase política peruana. Insultantes aseveraciones, pues ni siquiera los caviares e izquierdistas se atreverían a decir y/o repetir tamaña barbaridad.
Lo cierto es que, mientras la diplomacia hace su tarea ante la OEA, José Jerí parece decirle a Betssy Chávez: Quédate a mi lado, de momento.
