POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
En el Perú, la justicia no solo debe ser imparcial. Debe parecerlo.
Ese principio elemental del Estado de derecho es el que hoy está en entredicho, luego de que la Primera Fiscalía Suprema Penal recibiera el expediente para evaluar el archivo de la investigación seguida contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, un caso sensible, político y de alto impacto institucional.
Lo grave no es la revisión del archivo. Lo grave es quién pretende revisarlo. El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, actual titular de dicho despacho, ha sido mencionado públicamente por el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva como presunto actor en maniobras vinculadas a los casos Lava Jato y el cerco criminal al expresidente Alan García, en los que también aparecen involucrados los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Frente a esas imputaciones, Sánchez no guardó silencio. Las descalificó. Las llamó “tendenciosas”. Y anunció incluso acciones por difamación.
Es decir, emitió una opinión anticipada sobre la credibilidad del aspirante a colaborador eficaz. Hoy, ese mismo fiscal debe evaluar precisamente el testimonio de Villanueva en relación con Gustavo Gorriti.
¿Puede hacerlo con objetividad? ¿Puede juzgar sin prejuicios? ¿Puede convencer al país de que su decisión no está condicionada?
La respuesta es evidente. Pero el problema no termina ahí.
Existe además un antecedente aún más delicado: el propio Pablo Sánchez ha reconocido públicamente que, tras una llamada de Gustavo Gorriti, decidió suspender una diligencia fiscal en el local de IDL, comunicándose directamente con el fiscal a cargo de la exhibición de documentos.
¿Desde cuándo un investigado puede llamar a un fiscal supremo para frenar una diligencia? ¿Desde cuándo eso no genera conflicto de intereses? Con estos hechos, la imparcialidad de Sánchez no solo está cuestionada: está comprometida.
Por ello, se ha solicitado formalmente su inhibición del proceso, en aplicación de la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia interamericana, que exigen no solo imparcialidad real, sino también apariencia de imparcialidad.
La justicia no puede administrarse desde la sospecha. La justicia no puede resolverse entre conocidos. La justicia no puede construirse sobre conflictos personales. Si el Ministerio Público quiere recuperar credibilidad, debe empezar por lo básico: garantizar que quien decide no tenga intereses, prejuicios ni vínculos con los investigados. No se trata de persecución. No se trata de revancha. Se trata de institucionalidad.
Porque cuando la justicia pierde neutralidad, lo que gana es la impunidad.
