Promueven difusión de ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas

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Se realizó el primer taller de difusión de la ordenanza municipal sobre la tenencia responsable de mascotas, actividad promovida por las asociaciones protectoras de animales y la Municipalidad Provincial de Ilo.

Durante la jornada se informó sobre las obligaciones que tienen los propietarios de animales, además de las multas y sanciones previstas para quienes incumplan las disposiciones municipales.

Yesica Rodríguez señaló que las sanciones están dirigidas a las personas que no cumplen con sus responsabilidades respecto al cuidado de los animales, especialmente en casos relacionados con perros que permanecen en las calles.

“El abandono y la crueldad animal es un delito”, manifestó, al señalar que las faltas administrativas también deben ser atendidas y sancionadas por la autoridad municipal.

Rodríguez consideró necesario fortalecer la aplicación de las disposiciones relacionadas con la protección y bienestar de los animales.

FISCAL ADVIERTE SANCIONES PENALES

Por su parte, el fiscal de Prevención del Delito de Ilo, Alfredo Rojas Bedregal, informó que el maltrato o abandono de animales domésticos y silvestres constituye un delito contemplado en el Código Penal.

Precisó que estos hechos pueden ser sancionados con una pena de hasta tres años, además de una multa y la inhabilitación para la crianza o tenencia de animales.

En caso de que el animal muera como consecuencia del maltrato, la pena puede elevarse de tres a cinco años de prisión, según explicó el representante del Ministerio Público.

DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA O FISCALÍA

Rojas Bedregal señaló que las personas pueden presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Fiscalía cuando el hecho delictivo ya se haya consumado.

Indicó que estas acciones penales se desarrollan sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan de acuerdo con las normas y disposiciones establecidas por la municipalidad.

COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES

El fiscal precisó que la responsabilidad administrativa debe ser aplicada por la municipalidad, conforme a su cuadro de infracciones y sanciones.

En tanto, la determinación de responsabilidades penales corresponde al Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, cuando los hechos puedan constituir un delito.

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