POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
En el caso de corrupción conocido como «Corrupción 4×4», que involucra a la actual gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, se han presentado nuevas controversias. Durante la declaración de Gutiérrez Ayala ante el Ministerio Público el pasado 18 de marzo, su abogado defensor, Erwin Romel Sicchia Pérez, impidió que el Procurador Anticorrupción, Carlos Ponce Arpasi, realizara preguntas directamente a la investigada. Esta acción ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia de la investigación.
Como se dio a conocer, la declaración tuvo lugar en el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo del fiscal Víctor Arturo Muñoz Leyva. La negativa a permitir el interrogatorio directo del procurador ha llevado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) a tomar medidas legales.
La PPEDC ha emitido un comunicado a nivel nacional, anunciando que ha interpuesto un recurso de casación excepcional ante la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Este recurso busca establecer jurisprudencia en la Corte Suprema sobre el derecho de participación activa del Estado en las diligencias preliminares, previas a la emisión del auto de constitución en actor civil.
Cabe señalar que la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua confirmó el 31 de julio la Resolución N°4, del 15 de mayo de 2023, que rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Moquegua. Esta solicitud buscaba permitir el interrogatorio directo a los imputados durante las diligencias preliminares del caso que involucra a la gobernadora Gutiérrez Ayala y su presunto favorecimiento en el alquiler de camionetas.
En el mismo documento la Procuraduría reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y asegura que continuará defendiendo los intereses del Estado con firmeza en todas las etapas de la investigación.
El escándalo de «Corrupción 4×4», revelado el 11 de septiembre de 2023 por la Unidad de Investigación (UI) de Prensa Regional, involucra a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, a su hermana Katherine Fiorella, y a Luis Yonathan Sanca Umiyauri, presunta pareja de Katherine y operador de las empresas favorecidas ilegalmente en la contratación de camionetas y adquisición de bienes y servicios: Yusdelan, Yoma Ingeniería, AQSA Asesoría y Construcción, Servicios Lusal, Productos Angeluis, Nopat, Inversiones Megasur, entre otras, así como funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua y cotizadores de la entidad.
LO QUE LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN PRETENDE LOGRAR:
ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS DILIGENCIAS:
Busca que se reconozca y se garantice el derecho de la defensa del Estado a participar activamente en las diligencias preliminares, incluyendo el interrogatorio directo de los imputados, en este caso a la gobernadora Gilia Gutierrez Ayala. Esto es fundamental para asegurar que las investigaciones se realicen con total transparencia y exhaustividad.
GENERAR JURISPRUDENCIA:
A través del recurso de casación presentado ante la Corte Suprema, la Procuraduría intenta establecer una jurisprudencia que permita una mayor participación en futuras investigaciones de corrupción. Este precedente sería importante para fortalecer el marco legal y las prácticas relacionadas con la lucha contra la corrupción.
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA JUSTICIA:
Al desafiar la decisión que limita su rol en el proceso, la Procuraduría busca evitar que se presenten obstáculos que puedan afectar la justicia y la transparencia en casos de corrupción. Su intervención busca asegurar que se mantenga un proceso justo y abierto, beneficiando tanto a la investigación en curso como al fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción en general.
