El Abg. José Asunción Vergaray Ramos, procurador de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI), informó que el Sr. José Luis Juárez Viza, sería el cabecilla de una mafia que promueve el Programa Regional de Vivienda (PROREVI), donde están involucrados algunos funcionarios del Gobierno Regional Moquegua (GRM).
Esta persona les ha hecho creer a los moradores de la invasión 28 de Julio que tenían que pagar una multa de 8 mil soles y que si no se pagaba en el plazo de 24 horas, la Procuraduría Municipal los iba a desalojar, lo cual es completamente falso.
El individuo está solicitando 20 soles por cada lote y recaudaría 40 mil soles desconociéndose que destino tendrá esa cuantiosa suma de dinero, indicó el procurador.
Vergaray, sostuvo que se hizo la invitación para conciliar y puedan entregar voluntariamente el terreno que ocupan, de aceptar se firmará un acta y se pedirá al juez que haga la homologación, tenga el valor de sentencia para luego ejecutarla.
De no aceptar, se presentaría como medio probatorio que se ha agotado la parte administrativa y luego iniciar la demanda de desalojo, lo cual se ejecutaría en 2 o 3 años.
“Es falso que en las próximas horas se vaya a producir el desalojo, por el contrario vamos a citar a los dirigentes, para pedirles que se retiren voluntariamente, de ser negativa la respuesta se iniciará la demanda y será el procurador de la nueva gestión que continúe el proceso”, declaró.
PROCESO IRREGULAR EN EL PROREVI
Ante estos acontecimientos, la próxima semana la Procuraduría Municipal presentará una denuncia penal por crimen organizado contra José Luis Juárez Viza como cabecilla de la organización dedicada al tráfico de terrenos, donde están implicados funcionarios del GRM.
La Procuraduría solicitará la suspensión de todo el proceso del PROREVI, porque dicho sujeto pretende lucrar a costa de la buena fe de los posesionarios o invasores de 28 de Julio.
“La conducta de este individuo nos está obligando a denunciar y pedir la paralización del PROREVI mediante una medida cautelar ante el Juzgado, porque existen una serie de irregularidades de contenido penal, donde están involucrados funcionarios del GRM, porque indebidamente se pretende entregar terrenos a personas que no reúnen las condiciones”, aseveró.
Agregó que existe la presunta comisión de varios ilícitos penales, sobre todo porque se pretende dar la posesión y titularidad de bienes del Estado a personas que no reúnen los requisitos, porque en uno o dos meses no se pueden calificar 5 mil carpetas.