El procurador de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (MPMN), Abg. Wilson Colquehuanca Blanco, informó sobre una serie de acciones legales ejecutadas en defensa del patrimonio estatal, destacando las recientes recuperaciones extrajudiciales de terrenos ocupados ilegalmente por Tower and Tower y el proyecto Huatipuka.
Según explicó, la primera intervención se realizó la semana pasada en Huatipuka, donde la empresa había ocupado sin autorización un terreno registrado a nombre de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con la intención de construir una planta de tratamiento. “La ocupación era completamente ilegal. No contaban con ningún permiso ni derecho de uso. En coordinación con la Procuraduría de la SBN, se ejecutó el retiro de materiales y estructuras en tres o cuatro puntos del predio”, señaló Colquehuanca.
El procurador aclaró que la empresa ya había intentado tramitar una servidumbre en 2021, pero la SBN denegó dicha solicitud. “La ley faculta al Estado a recuperar estos espacios sin orden judicial cuando hay ocupaciones sin sustento legal. Esta no es una novedad, es parte de una política que se aplica a nivel nacional desde hace años”, afirmó.
En cuanto a las consecuencias legales, Colquehuanca indicó que, tras el operativo, la empresa presentó una denuncia contra su persona y contra el alcalde del distrito de San Antonio. “El objetivo ya se cumplió: se recuperó el predio. Si vuelven a ingresar, volveremos a actuar”, advirtió.
También se refirió a los antecedentes administrativos del caso. En 2018, se habría otorgado un certificado de compatibilidad de uso que permitió avanzar con estudios ambientales, pero dicho certificado fue posteriormente revocado. “Hubo errores y omisiones en el proceso, como el silencio administrativo que dio lugar a una supuesta autorización. Pero nada de eso justifica construir en terreno ajeno, y menos en propiedad del Estado”, enfatizó.
EXBOTADERO MUNICIPAL RECUPERADO
Sobre el exbotadero municipal, Colquehuanca informó que se ejecutó otra recuperación extrajudicial, dado que el terreno, ya inscrito a nombre de la municipalidad, estaba siendo ocupado por personas que se dedicaban al reciclaje. “Estas personas no tienen derechos adquiridos. El predio debe ser remediado por la comuna por razones ambientales, y la ocupación impedía cumplir con esa obligación”, explicó.
