Marleny Chivigorri Calisaya, vecina del anexo La Pampilla, en el distrito de Yunga, denunció públicamente una presunta invasión de su terreno, un hecho que, según afirma, ocurre en un contexto de vacío legal, debido a que las familias de su comunidad no cuentan con títulos de propiedad.

Marleny relató que el 12 de noviembre del 2024 detectó que un hombre identificado como Ricardo Cipriano Calizaya, ingresó de forma irregular a una parte de su predio, ubicado al costado de la carretera que divide su terreno. Según explicó, el terreno fue heredado de su padre y cuenta con un testamento y un certificado de posesión emitido por la comunidad, sin embargo, carece de un título oficial inscrito en Registros Públicos, situación común en el anexo.

“He hecho la denuncia en la policía de Yunga, pero no me hicieron caso. Luego la presenté en fiscalía y archivaron mi caso sin notificarme, apelé dentro del plazo, pero me dicen que nuevamente lo archivarán. Me siento abandonada por las autoridades”, expresó con indignación.

La denunciante acusa al presunto invasor de tumbar su cerco y de ingresar constantemente al terreno, además de haber obtenido un documento de “constatación de posesión” de un juez de paz, lo que considera irregular y sospechoso.

La denunciante afirma haber sufrido agresiones verbales y amenazas, y señala que no ha recibido respaldo ni de la Policía, ni de la subprefectura, ni del sistema judicial. “En La Pampilla no hay presencia del Estado. Nos dicen que estamos lejos, que no hay tiempo. No tenemos personería jurídica, y sin eso, no podemos ni siquiera gestionar defensa legal”, señaló.

La comunidad, conformada por unas 20 familias, vive principalmente de la agricultura, como el cultivo de maíz y tuna, y enfrenta además un abandono institucional crónico.

La señora Marleny hizo un llamado urgente a las autoridades regionales y nacionales: “Que vayan a ver cómo vivimos. No tenemos títulos, no tenemos justicia, nos sentimos desprotegidos y solos. Necesitamos apoyo legal y atención urgente”, invocó.