POR JORGE ACOSTA ZEVALLOS
El Presupuesto General de la República para el año 2026 debe aprobarse a fines de noviembre. Actualmente, el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde está siendo revisado, debatido y eventualmente modificado. Este documento estima un gasto total de S/ 257,561 millones, lo que representa un incremento de apenas 2.2% respecto al presupuesto del año 2025.
Más allá del monto global, lo preocupante es que se mantiene la misma estructura de distribución presupuestal entre los tres niveles de gobierno, sin mayores cambios que reflejen una nueva visión de desarrollo. El Gobierno Nacional concentra S/ 164,444 millones, equivalente al 64% del total. Por su parte, los gobiernos regionales (GORE) reciben S/ 59,163 millones (23%), mientras que los gobiernos locales apenas acceden a S/ 34,174 millones, lo que representa un escaso 13% del presupuesto nacional. En otras palabras, el Gobierno Nacional manejará casi dos tercios del total presupuestal. (Véase gráfico).
Pero el problema no radica únicamente en la concentración del gasto. Lo más grave es que no se perciben grandes obras ni mejoras sustanciales que justifiquen ese nivel de asignación. La realidad es que la mayor parte del presupuesto se destina a gastos corrientes, es decir, sueldos, pensiones, adquisición de bienes y servicios, y mantenimiento operativo. En cambio, los gastos de inversión, que deberían traducirse en infraestructura, equipamiento y activos físicos, son considerablemente menores.
Para el año 2026, el Gobierno Nacional destinará 62% de su presupuesto a gastos corrientes, mientras que los gobiernos regionales lo harán en 72%, y los gobiernos locales en 58%. Esto significa que la inversión pública sigue siendo relegada, y con ello, las posibilidades de cerrar brechas sociales, mejorar servicios básicos y dinamizar la economía.
Los gobiernos regionales, además, enfrentan problemas estructurales en la asignación y ejecución de sus presupuestos, independientemente de si son regiones mineras o no. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Moquegua tiene asignados S/ 617 millones, de los cuales:
- S/ 30 millones (5%) se destinan a programas sociales,
- S/ 141 millones (23%) a proyectos de infraestructura,
- S/ 331 millones (54%) a actividades operativas,
- S/ 112 millones (18%) a otros rubros.
Este desglose revela una priorización invertida, donde las actividades administrativas superan ampliamente a los proyectos de inversión. Si el objetivo del presupuesto es generar bienestar, atraer inversión privada y cerrar brechas, entonces los proyectos deberían tener mayor peso que las actividades.
Aunque el Congreso tiene la facultad de modificar el proyecto presupuestal, la experiencia indica que estas modificaciones no suelen mejorar el documento, sino que responden a intereses particulares o coyunturales. Los antecedentes hablan por sí solos.
En conclusión, la alta concentración presupuestal en el Gobierno Nacional no se traduce en mejoras visibles para la ciudadanía. No se perciben avances en infraestructura vial, hospitales, seguridad ciudadana ni calidad educativa. El presupuesto sigue repitiendo esquemas del pasado, sin una visión transformadora que responda a las verdaderas necesidades del país.
