POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZÁLES
La semana pasada realicé una encuesta en los salones de primeros ciclos donde dicto clases en la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM). La mayoría de estos estudiantes votará por primera vez, pero —para mi sorpresa— no comparten el entusiasmo que yo sentí en mi primera elección y que, hasta hoy, sigo manteniendo.
¿La razón? Según ellos, casi todos los presidentes que han visto en su vida terminaron presos, investigados o sentenciados. Y tienen un punto: Pedro Castillo y Martín Vizcarra ya han sido sancionados en primera instancia. Como me dijo uno de ellos: “¿Para qué votar, profesor, si es probable que el próximo presidente termine en la cárcel o nos engañe?” En ese contexto, ¿cómo construir confianza y verdad en una democracia tan golpeada?
POPULARIDAD DESDE LA PRISIÓN
A esto se suma un fenómeno interesante: expresidentes que no cerraron su mandato con alta aprobación —como Toledo, Humala o PPK— hoy prácticamente están fuera del mapa político. Sin embargo, Castillo y Vizcarra, nos guste o no, aún conservan niveles de popularidad.
Ese respaldo podría permitirles colocar representantes en el próximo Congreso, incluso sin ser candidatos formales debido a sus sentencias. En otras palabras, podrían influir políticamente desde la cárcel. Es un discurso profundamente contradictorio si recordamos que la prisión implica haber cometido un delito y haber quebrantado la ley.
CONDENAS, NARRATIVAS Y PERCEPCIONES
Hacer únicamente un análisis jurídico sobre si sus condenas son justas o no sería insuficiente para comprender lo que se viene. En el caso de Castillo, fue acusado de conspiración tras anunciar el cierre inconstitucional del Congreso. Su decisión fue ilegal, y aunque se debata la proporcionalidad de la pena, hoy tiene una sentencia de 11 años.
Vizcarra, por su parte, no fue condenado por actos cometidos como presidente, sino por hechos cuando fue gobernador regional. Él insiste en que todo responde a una persecución política, pero el Poder Judicial le ha impuesto 14 años de prisión. Ambos, con sentencia y todo, mantienen su popularidad con un grupo mayoritario de peruanos.
Para entender este escenario, hay que recordar que la candidatura de Castillo ya estuvo acompañada por Vladimir Cerrón, fundador de su partido, quien también tenía una condena por delitos contra la administración pública. Aun así, los votantes respaldaron esa opción.
En el caso de Vizcarra, su pasado en Moquegua lo persigue, pero su popularidad se explica por la decisión —muy bien recibida en su momento— de disolver constitucionalmente el Congreso.
UNA SOCIEDAD TOLERANTE A LA CORRUPCIÓN
Todo esto me hace volver a la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú (Proética, 2022). Se entrevistó a 1,882 peruanos y los resultados son reveladores: el 12% reconoce haber dado una coima, “regalito” o pago indebido en el último año. Eso representa más de dos millones de peruanos.
La principal razón es la idea de que “si no pagas, nada funciona”. El 13% tiene alta tolerancia a la corrupción y el 55%, una tolerancia media. Un 15% cree que, si un funcionario corrupto hace obras, no debería ser sancionado. Y para un 8%, cierta corrupción es “necesaria” para que la economía avance.
Es decir, más de la mitad del país convive, normaliza o justifica actos corruptos. Si sumamos el 13% de tolerancia alta y el 55% de tolerancia media, hablamos de un 68% que, según esta encuesta, podría aceptar prácticas corruptas bajo determinadas circunstancias.
Y de ese 68% saldrán nuestros futuros candidatos. Por eso es urgente reconocer que la corrupción no solo está en los políticos; también se origina en la ciudadanía que los elige y, a veces, los valida.
MIRARNOS COMO SOCIEDAD
Necesitamos revisar nuestras propias prácticas, nuestro respeto por las normas y por los demás. Solo así podremos cambiar el rumbo de nuestra historia democrática.
No quiero ver a más presidentes o congresistas terminando en prisión. Porque cada vez que eso ocurre, nos recuerda que nuestra democracia está enferma y que no basta con cambiar autoridades: necesitamos reconstruir valores, fortalecer instituciones y, sobre todo, mirarnos con honestidad como sociedad.
