POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Los plazos se van acortando, las etapas propias del proceso electoral se van cerrando y se van perfilando las fórmulas presidenciales. Hace dos días venció el plazo para la inscripción de candidaturas que deberán participar de las acotadas elecciones primarias, donde gran parte de ellas será bajo un reducido espacio de representación: elecciones por delegados y listas únicas. Son 39 organizaciones políticas puestas en el partidor electoral, siendo tres alianzas electorales: Unidad Nacional, Fuerza y Libertad y Venceremos.
Bajo el contexto electoral se han dado los naturales puntillazos. El exalcalde de Lima, López Aliaga, expresó que postulará tanto a la Presidencia de la República como al Senado, como parte de una estrategia política, buscando un efecto multiplicador: “Voy a hacerlo para arrastrar votos, para que el Senado se me llene de gente por arrastre. Eso es lo que voy a hacer… se está tomando en serio la política”. Keiko Fujimori, marcando posición, expresó en un subliminal comentario que no busca “premios consuelo ni inmunidad”. La polémica quedó abierta.
La Ley 31988, que restituye el Senado al modificar el artículo 90 de nuestra Constitución, incorpora una habilitación: “Los candidatos a la Presidencia o vicepresidencias de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputado”. Hasta entonces, sólo estaba permitido para los candidatos a vicepresidentes que podían postular simultáneamente a una representación en el Congreso. De los casos más recientes tenemos a Mercedes Aráoz con Pedro Pablo Kuczynski o los dos vicepresidentes de Ollanta Humala, Marisol Espinoza y Omar Chehade.
Un llamativo caso se dio con el desistimiento de Fernando Olivera a su postulación presidencial en las elecciones del 2006. Participaba por el FIM y decidió ir como número uno en la lista de candidatos al Congreso, con una bajísima aceptación ciudadana —era un conspicuo aliado del saliente gobierno de Alejandro Toledo—, haciendo más realista su participación política y apelando a una justificación construida: “La voz del pueblo nos ha dicho que hay que evitar la división del voto democrático, que se debe rescatar al Parlamento en el que hoy nadie cree”.
La Constitución de 1979 permitía que “los candidatos a la presidencia y vicepresidencia pueden integrar las listas de candidatos a senadores y diputados”, agregando que se consideran como senadores vitalicios los expresidentes constitucionales. En el corto período de vigencia de dicha Constitución, sólo Alberto Fujimori apeló a esta concesión, postulando en paralelo al Senado, justificado en una decisión pragmática. En ese momento era un candidato sin mayores expectativas, que optaba por asegurar su presencia en la escena política nacional. Ni Fernando Belaunde ni Alan García, en su momento, apelaron a este ejercicio simultáneo electoral.
Revisado el dictamen de la Comisión de Constitución sobre la reciente ley, se recoge como argumento que esta simultaneidad “permitirá hacer efectiva su responsabilidad como líderes políticos y no como meros actores incidentales” y que, al asumir el candidato presidencial una representación parlamentaria, se fortalece el liderazgo del partido político representado, evitando la fragmentación política en la composición de los grupos parlamentarios.
Si bien es cierto, muchos de los candidatos presidenciales son conscientes de sus limitadas posibilidades —advertidas en las encuestas y en sus propias convocatorias públicas—, persisten en su concurso, aprovechando precisamente el espacio publicitario que les generan sus candidaturas presidenciales para construir un respaldo en sus postulaciones congresales. Esto último tiene distintas lecturas: es un medio para construir un liderazgo político que no se tiene, permitirá consolidar propuestas políticas a mediano o largo plazo, o seducen las gollerías del poder, como el financiamiento público que viene generando una burocracia partidaria a costa de los contribuyentes.
No pasemos por alto que la valla electoral exige el 5% de representación congresal para mantener vigente la inscripción partidaria; caso contrario, será cancelada. Si bien las numerosas agrupaciones participantes son consecuencia de las modificaciones a las leyes electorales —particularmente la cancelación de las elecciones primarias abiertas y obligatorias—, los requisitos para instituir nuevos partidos o agrupaciones han sido modificados, imposibilitándose la flexibilidad de hoy.
Llegar al Senado, aunque la opción es abierta (se puede postular alternativamente a diputado), trae consigo liderazgo y ascendencia. Se mejora la representación política y, sustentado en cierta aceptación ciudadana —superó la valla electoral—, se coloca en la perspectiva pública de ir consolidando una alternativa de gobierno. La dirección que impondrá desde esa representación, al ser parte de un grupo parlamentario, le permitirá decidir no sólo sobre leyes sino sobre políticas públicas. Le da la oportunidad de asumir una posición política pública, constructiva y alternativa a la que desde el gobierno se viene impulsando, y sus opiniones y decisiones lo convierten en un verdadero protagonista.
Esto resulta saludable para una democracia, la misma que se dinamiza, se contrasta y se consolida con la presencia formal y activa de renovados liderazgos que, en el tiempo inmediato, pueden ser gobierno, lo que exige responsabilidad.
Como bien se advierte en el dictamen, la ausencia de liderazgos en los grupos parlamentarios ha generado su atomización, lo que se intenta corregir con el reforzamiento de los candidatos presidenciales en una de las cámaras. Observemos el caso de Perú Libre, que ingresó con 37 parlamentarios y hoy es ínfima. Pero más allá del número están las posiciones políticas que, ante la ausencia de orden, programa y liderazgo, cada uno de sus integrantes se siente dueño de una cuota de poder y actúa bajo sus propios intereses u oportunismos, renunciando a una visión de país, que fue precisamente lo que permitió recabar de sus electores la confianza.
Sin embargo, también es cierto que uno de los más graves errores de las agrupaciones políticas está en su capacidad selectiva de candidatos, pues, a pesar de la legitimidad exigida para pasar por procesos internos, estos no acaban de ser integrales. Los controles son débiles, y por ello vamos al encuentro de candidatos prontuariados o con nulo compromiso programático con la agrupación que los aupó.
Un efecto no menor es también evitar el llamado “voto cruzado”, pues el elector, por lo general, no tiene una línea ideológica definida al momento de decidir en las urnas y, en ese discernir, vota por un candidato para la presidencia, otros para el Senado y otros para diputados. Por ello no hay una relación homogénea entre el resultado para las elecciones presidenciales y congresales.
En cambio, si el líder de la agrupación asume esa doble postulación, podría —siempre en condicional, porque es el elector quien decide— recoger votos para las distintas cámaras. Es lo que llamamos el voto horizontal, la capacidad de arrastre que tienen los liderazgos partidarios.
