Tras el exhorto que le hiciera la fiscal provincial de Islay, Yecid Zevallos Arias, al dirigente Miguel Meza Igme, sobre que se abstuviera de realizar actos contra el orden y la tranquilidad públicas durante las protestas programadas para el pasado 4 de enero; el abogado del vocero del valle de Tambo, David Mayta Salluca, presentó un recurso de elevación ante el despacho de la mencionada fiscal con la finalidad de dejar sin efecto esa medida.
QUIEN DECIDE ES LA MAGNA ASAMBLEA
Según el abogado y su patrocinado, Meza Igme, sostiene que, si bien el 28 de diciembre pasado se realizó el Primer Encuentro Macrorregional del Sur para decidir el reinicio de las protestas, quienes decidieron, en efecto, esas acciones no fueron los dirigentes, o en este caso, el recurrente exhortado, sino la magna asamblea conformada en ese encuentro por más de 150 personas.
De tal modo, señala el escrito, que no se le puede sindicar al dirigente que haya sido quien, de manera arbitraria convoque a las protestas del 4 de enero como una decisión propia y menos que se le pueda responsabilizar por la posible comisión de delitos.
¿INTENCIÓN DE INCULPAR AL DIRIGENTE?
Finalmente, indica el recurso que, “se evidencia por parte de su Despacho (de la fiscal Zevallos) una nítida intención de inculpar o responsabilizar al recurrente en calidad de dirigente, para así involucrarlos en procesos judiciales por supuestos y eventuales hechos que pueden calificarse como delitos (disturbios, agresiones, otros)”, precisan.
