El Poder Judicial (PJ) dio luz verde a un acuerdo clave que asegura el reconocimiento de culpabilidad por parte de la constructora Obrainsa y establece el pago de S/ 81.8 millones como reparación civil por su implicación en hechos de corrupción vinculados al caso Lava Jato.

El 15 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dio su aprobación al acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc y la constructora peruana Obrainsa.

El acuerdo contempla el reconocimiento de responsabilidad de la constructora Obrainsa y dos de sus altos ejecutivos, quienes aceptaron su implicancia en actos de corrupción vinculados a 11 proyectos de infraestructura pública.

Obrainsa aceptó su participación en el denominado «Club de la Construcción», una red de empresas que fingían competir en licitaciones públicas para asegurarse contratos. Como parte del acuerdo, y en reconocimiento de su colaboración al proporcionar información relevante para las investigaciones, se fijó una reparación civil de S/ 81.8 millones. Según detalló el PJ, este monto será cancelado en un plazo de 12 años, con intereses legales incluidos en un pago adicional.

La procuradora ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, destacó la relevancia de este convenio: “Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en el marco del mega proceso ‘Lava Jato’. Con ello, el Estado empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, al mismo tiempo que los procesos se fortalecen”.

Como parte de las disposiciones del acuerdo, se estableció la creación de un fideicomiso administrado por Cofide o el Banco de la Nación. Este mecanismo tiene como objetivo garantizar que los pagos de la reparación civil se realicen de manera oportuna y conforme a lo establecido en el convenio.

El acuerdo también contempla una cláusula que restringe a OBRAINSA de emprender cualquier tipo de proceso arbitral, judicial o administrativo contra el Estado en relación con los proyectos vinculados a los actos de corrupción admitidos. Esta medida busca evitar futuras controversias legales y asegurar el cumplimiento íntegro del convenio.

La resolución judicial marca un paso crucial en la lucha contra la corrupción, estableciendo un precedente clave para la recuperación de recursos públicos malversados en el marco del emblemático caso Lava Jato. Este fallo refuerza el compromiso del sistema judicial con la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos vinculados a grandes escándalos de corrupción.