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Poder Ejecutivo ha vulnerado los estándares sobre las libertades de expresión e información

Todo acto de gobierno debe implicar un acto de comunicación, sostuvo el Defensor del Pueblo durante presentación de informe.

Al término de una reciente supervisión, realizada por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, se concluye que el ejercicio de la libertad de prensa en el país se desarrolla en un ambiente hostil por las diversas dificultades que los miembros del Poder Ejecutivo imponen a su ejercicio, situación que resulta preocupante al ser incompatible con el sistema democrático peruano.

“Todo acto de gobierno debe implicar un acto de comunicación; más aún, si las decisiones estatales impactan directamente en cómo se prestan los servicios públicos y cómo se garantizan los derechos de las personas”, subrayó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, durante la presentación del informe Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la Libertad de Prensa.

Luego de identificar diversos estándares desarrollados por órganos nacionales y supranacionales sobre las libertades de expresión e información, el documento defensorial, que evaluó los primeros 120 días de gestión sobre la materia, advierte que este Gobierno no garantiza la libre labor de la prensa, especialmente cuando esta aborda asuntos referidos a su gestión.

La Defensoría del Pueblo observó que altos funcionarios del Ejecutivo mantienen un discurso orientado a atacar a determinados medios de comunicación que desarrollan una línea informativa incómoda o molesta a sus intereses, así como también se advirtieron decisiones o actitudes negativas que constituyen trabas para el normal ejercicio de la labor periodística.

Un aspecto que merece especial atención es que el Gobierno no ha cumplido con su obligación de prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva las acciones violentas de las que han sido víctimas mujeres periodistas, ello a pesar del deber del Estado de asegurar para ellas espacios libres de violencia.

Esta situación vulnera el derecho a las libertades de expresión e información de los medios de comunicación y de las y los periodistas que trabajan en estos, pero también de la ciudadanía al verse privada de tomar conocimiento de informaciones y opiniones de relevancia pública, hecho que sin duda debilita la democracia, porque inhibe su participación en el debate público y favorece condiciones para el ejercicio arbitrario del poder.

Como consecuencia de lo descrito, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia de la República realizar conferencias de prensa y no obstaculizar la participación de todos los medios de comunicación en actos oficiales, además de disponer la capacitación de su personal de seguridad sobre el trabajo de las y los periodistas.

También se ha planteado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) concientizar a todos los funcionarios y personal de las dependencias del Poder Ejecutivo sobre la especial función de la prensa en democracia y, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, elaborar estadísticas sobre violencia contra periodistas.

De otro lado, se ha advertido que la actual legislación no asegura medios de comunicación públicos libres e independientes. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha precisado en su informe que los medios de comunicación del Estado están al servicio de la nación y deben contar con una línea informativa destinada a atender asuntos de interés público, así como favorecer la educación y la cultural en el país.

En ese sentido, no solo se ha recomendado al Congreso de la República modificar el Decreto Legislativo 829, que regula al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) del Perú, la institución presentará una iniciativa legislativa orientada a dotar de mayor autonomía al Instituto de Radio y Televisión del Perú.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo estima indispensable que existan condiciones que garanticen el libre ejercicio de las libertades de expresión e información en el país, por ello, además de remitir su informe de supervisión a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y de recomendar al Presidente de la República suscribir la Declaración de Chapultepec, considera indispensable que se promueva un Acuerdo Nacional por la Libertad de Expresión que involucre a todos los organismos constitucionales y aquellos de la sociedad civil vinculados con la libertad de prensa, que implique una constante evaluación del Ejecutivo.

Puede ver el informe Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la Libertad de Prensa en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Inf-AAC-2021-15-Supervisio%CC%81n-Ejecutivo-Libertad-de-Prensa.pdf

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