El Pleno del Congreso postergó el debate y votación de la denuncia constitucional contra el parlamentario Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito, esto luego de que el legislador informara que está con descanso médico.
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, comunicó que el día martes Edgar Alarcón comunico que le habían dado un descanso medico de 21 días y el jueves una asesora de su despacho comunicó que no iba a poder asiste a la sesión del Pleno de este viernes, donde se supone que iba a ejercer su defensa.
Ante esto, y a pesar de que se consideró que el congresista estaba bien notificado, y que podía ejercer su defensa mediante su abogado, la titular del Legislativo informó que se postergaba la evaluación de esta denuncia constitucional por única vez.
El congresista de Unión por el Perú fue retirado de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de la cual era presidente, luego de que se aprobara la modificación en el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo de sesiones 2020-2021.
Además de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, se dispuso que, en la Comisión de Constitución y Reglamento, salga como titular el legislador Franco Salinas, de Acción Popular, y que ingrese en su reemplazo Jorge Vásquez Becerra de dicha bancada.
ACUSADO POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por mayoría acusar a Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito. Con 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, fue aprobada la denuncia constitucional que recomienda acusar por antejuicio político al legislador, en su condición de excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública.
Las imputaciones hechas contra Alarcón por la Fiscalía de la Nación están referidas a un presunto enriquecimiento ilícito de su parte. El documento se verá en los próximos días dentro de la subcomisión para luego ser derivado a la Comisión Permanente.
En la denuncia contra Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377.24 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, en el que fue contralor general. El documento indica que este delito prevé una pena prevativa de la libertad de entre 10 y 15 años además de una inhabilitación política.
La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también lo denunció por peculado doloso por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría, también durante el periodo en el que Alarcón dirigió la institución. Por esto, indica que con la denuncia constitucional corresponde «iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político» contra el investigado. (RPP)
