El pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el exconsejero del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Sergio Iván Noguera Ramos.

La representación nacional aprobó la resolución legislativa por 78 votos a favor, cero en contra y una abstención.

En la votación no participaron los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni los miembros (titulares y suplentes) de la Comisión Permanente, por haberse pronunciado sobre estas acusaciones.

A Noguera se le acusa de la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, tipificado en los artículos 317 y 395 del Código Penal, respectivamente.

El congresista Otto Guibovich fue el encargado de sustentar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dicho documento indica que la participación de Noguera dentro de la denominada organización criminal «Los cuellos blancos del puerto» «habría sido imprescindible».

Noguera no asistió al Parlamento a ejercer su derecho de defensa, lo cual fue considerado como «una ausencia injustificada» por la representación nacional debido a que fue notificado e invitado por segunda vez a dar sus descargos.

Según se indicó, la notificación al exconsejero fue enviada a su domicilio, correo electrónico y por mensaje de WhatsApp.

SEGUNDO BALTAZAR MORALES

De otro lado, en el caso del exconsejero Segundo Baltazar Morales Parraguez, el pleno no aprobó la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública por haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política. En este caso, solo 47 congresistas votaron a favor, uno en contra y 27 abstenciones.

El encargado de presentar el informe final de esta acusación fue el titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, quien indicó que Morales Parraguez vulneró el principio de independencia de la función, al contratar a su futuro yerno como asesor.

Al presentar sus descargos, Morales Parraguez consideró que la presunta contratación de su futuro yerno como asesor, «no era materia de una acusación constitucional».

«No existe infracción constitucional porque los hechos de acusación no tienen nada que ver con la selección, nombramiento y destitución de jueces y fiscales», añadió. (Andina)