La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea establecer la pena máxima de cadena perpetua a los funcionarios y servidores públicos que cometan actos de corrupción durante el estado de emergencia, así como en caso de pandemias, fenómenos o desastres naturales.

El proyecto de ley 5051/2020-CR propone modificar los artículos 384, 387, 389 y 399 del Código Penal sobre colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, malversación y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

La actual legislación procesal no es lo suficientemente disuasiva y «vemos con estupor que los delitos aumentan y más aún se aprovechan en estados de emergencia», sostiene la bancada en el documento.

«No nos parece suficiente la muerte civil perpetua, para aquellos funcionarios públicos condenados por delitos contra la administración pública (…), se debe actuar con mano dura si no todo seguirá igual. Con sanciones duras y ejemplares, los malos funcionarios antes de robar lo pensarán dos veces», afirman.

La congresista Felícita Tocto Guerrero es la autora de la iniciativa legislativa, que además está suscrita por los parlamentarios Rennán Espinoza Rosales, Guillermo Aliaga Pajares, Betto Barrionuevo Romero, Luis Dioses Guzmán y Mariano Yupanqui Miñano.

Como primer punto propone que el funcionario o servidor público que defraude patrimonialmente al Estado durante las situaciones mencionadas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años a cadena perpetua; inhabilitación, según corresponda, y con 365 a 730 días-multa.

Del mismo modo, al apropiarse o utilizar caudales o efectos confiados por razón de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 12 años a cadena perpetua; inhabilitación, según corresponda, y con 180 a 365 días-multa.

En cuanto a la malversación, que significa dar una aplicación diferente a la destinada al dinero o bienes administrados afectando el servicio o la función encomendada, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 12 años a cadena perpetua; inhabilitación, según corresponda, y con 165 días-multa.

Por último, el funcionario o servidor público que se interesa por cualquier contrato u operación e interviene por razón de su cargo durante la coyuntura planteada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años a cadena perpetua.

El país pierde más de 5,000 millones de dólares anuales por la corrupción, según cifras de la Contraloría General. En otros análisis señalan un 5 % del presupuesto general, según cita el documento.