El Poder Judicial (PJ) rechazó las solicitudes de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, así como de los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, y de los acusados Manuel Lozada, Jesús Venero y Antonio Infanzón, quienes pedían el archivo del delito de rebelión imputado por el Ministerio Público.

El juez supremo Juan Carlos Checkley tomó esta decisión al declarar infundados, durante una audiencia pública, los recursos de excepción de improcedencia de acción presentados por los abogados de los acusados. Estos argumentaron que los hechos imputados por la fiscalía “no constituyen delito”.

El magistrado sustentó que la Corte Suprema ha establecido que no es indispensable que los participantes en un acto de rebelión porten armas; es suficiente con que estén involucrados en el evento y se les asignen diversas tareas por esta labor.

El juez supremo también anunció que la audiencia de control de acusación contra el expresidente Pedro Castillo y los demás acusados se reanudará el jueves 18 de julio a las 9:30 horas.

La investigación contra Betssy Chávez y los exministros se basa en su presencia junto a Castillo el día en que este anunció un golpe de Estado en un mensaje a la Nación.

El 7 de diciembre de 2022, fecha de los acontecimientos, el Congreso de la República debatía una moción de vacancia contra Castillo Terrones.

Según la investigación fiscal, esa mañana se llevó a cabo una reunión en Palacio de Gobierno entre Betssy Chávez, el exasesor Aníbal Torres, terceras personas aún por identificar, y Pedro Castillo. En dicho encuentro, se habría ratificado la disolución del Congreso e implementado un estado de excepción.

Esa decisión implicaría el empleo de las Fuerzas Armadas para asumir el control de los diversos Poderes del Estado y otras entidades autónomas, especialmente del sistema de justicia.