El Poder Judicial ordenó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien enfrenta un proceso por presunta pertenencia a una organización criminal y otros delitos vinculados a los aportes que habrían realizado las constructoras Odebrecht y OAS a sus campañas políticas.

“Se va imponer el máximo establecido por ley, que son 36 meses; la petición del Ministerio Público es funda y se impone por 36 meses (el impedimento de salida del país) contra Susana Villarán”, aseguró el l juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Asimismo, el magistrado ordenó notificar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que ejecute la medida dentro del proceso penal seguido contra la exalcaldesa de Lima, exclusivamente durante la etapa de juzgamiento.

El juez Jorge Chávez Tamariz sostuvo que sobre Susana Villarán recae un nivel de “sospecha fuerte” por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo propio, lavado de activos en calidad de autora mediata, entre otros, según lo detallado en el auto de enjuiciamiento.

Del mismo modo, argumentó que se cumple con el presupuesto de pena imponible, ya que el auto fiscal solicita una condena de 29 años de cárcel para Villarán, y que la medida se enmarca en el principio de proporcionalidad en distintos aspectos.

“El impedimento de salida del país está regulado en el Código Penal con la finalidad de alcanzar la verdad, que es tema sustantivo y alcanza el pronunciamiento del Sistema Interamericano, es lo que la sociedad y la población exige en el marco de un proceso penal”, refirió.

Añadió que la medida dictada resulta razonable y proporcional, al ser una restricción menos severa que una orden de prisión preventiva, y permite garantizar el desarrollo del proceso judicial sin vulnerar derechos fundamentales.

COMUNICACIÓN CON ÓRGANOS DE PRUEBA E IMPUTADOS

El juez Chávez Tamariz, sin embargo, declaró infundado el extremo del pedido para que se prohíba la comunicación de la procesada con órganos de prueba e imputados, solicitado por el Ministerio Público.

Sostuvo que el Ministerio Público debe argumentar el peligro procesal que existiría en este tipo de conducta durante la etapa de juzgamiento, dado que las reglas de conducta o coerciones solicitadas anteriormente estaban orientadas a asegurar al imputado durante el proceso de investigación preparatoria.

“Si hay nuevos elementos, preséntelos (…) Declaro infundado la restricción que ha pedido el Ministerio Público, salvo que postule lo que corresponda”, refirió.

Tras esta decisión, el representante del Ministerio Público anunció que apelará la decisión del juez en lo que respecta a este extremo de su pronunciamiento.

SE ALLANA

Durante la audiencia, tanto Susana Villarán, como su abogada defensora, se allanaron a la medida de impedimento de salida del país.

“Me allano al impedimento de salida del país, no he tenido ese interés ni voy a huir ni nada. Si analizan los controles físicos, presenciales y virtuales en el GPS, estoy en mi domicilio legal todo el tiempo”, refirió Villarán.