El 1er. Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por la excongresista Marisol Espinoza contra el presidente Martín Vizcarra para declarar inaplicable el Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el que se disolvió el Congreso.
A inicios de este mes, la excongresista presentó ante la Corte Superior de Justicia de Lima una demanda de acción de amparo contra el presidente Martín Vizcarra para intentar que el juez disponga la inaplicabilidad del decreto supremo con el que se dispuso la disolución del Congreso, la revocatoria del mandato parlamentario y la convocatoria a elecciones para el 26 de enero del 2020.
«En consecuencia, reponiendo las cosas al estado anterior de la violación se disponga la restitución de mi condición de Congresista de la República en representación de la región Piura, en estricta observancia, cumplimiento y acatamiento del mandato otorgado mediante elección popular por el período comprendido entre el año 2016 al año 2021», señala en su escrito.
En su demanda, la excongresista señala que con esta medida el presidente Vizcarra violó los siguientes derechos:
a.- El derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 31 de la Constitución en concordancia con el inciso 17) del artículo 2, de la Constitución que reconoce el derecho a la participación política.
b.- El derecho al trabajo, consagrado en el artículo 22 de la norma fundamental, pues inconstitucionalmente se ha recortado el mandato parlamentario para el que fui elegida.
- c) El debido proceso, contemplado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución por vulneración de los artículos 133 y 134 de la Constitución, y el literal C, del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.
LOS ARGUMENTOS DE MARISOL ESPINOZA
En los fundamentos de su demanda, la excongresista acusa a Vizcarra de realizar «una campaña sistemática» para disolver el Congreso, «bajo el infundado pretexto de una obstrucción por parte del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo».
Asimismo, cuestionaron que el presidente Vizcarra haya tomado esta decisión por la «denegación fáctica de la cuestión de confianza». En ese sentido, acusaron que la disolución del Congreso «se basa en una interpretación y no se apoya en leyes».
«Las voluntades de ninguna manera pueden reemplazar la ley. En nuestro ordenamiento jurídico la confianza no se da, ni se niega de forma fáctica. (…) El voto de confianza es un voto. De ninguna manera se puede interpretar o inferir que se le negó la confianza como se dice en el decreto supremo cuestionado», señaló.
En otro punto, Espinoza cuestiona que el mencionado decreto supremo fue expedido sin que haya sido aprobado por el Consejo de Ministros. La excongresista insiste en que el documento «carece de validez» debido a que al momento de haber sido expedido no se había nombrado al jefe del Gabinete y a sus ministros.
«Se encuentran claramente comprobadas las infracciones constitucionales perpetradas por Vizcarra, quien, mediante su Mensaje a la Nación, a consecuencia de una arbitraria, temeraria, antojadiza e inconstitucional interpretación, consideró que se le habría denegado de facto el voto de confianza», reiteró.
