El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria confirmó la resolución judicial para levantar el secreto bancario de las cuentas y transacciones financieras del expresidente Pedro Castillo, así como de los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Ello después de que el magistrado Juan Carlos Checkley emitiera la resolución que confirma la ejecución de esta medida solicitada por el Ministerio Público, al no recibir ninguna apelación por parte de las partes involucradas en el proceso.

“Dispongo que la Superintendencia de Banca Seguros y Administración de Fondos de Pensiones proceda con dicho levantamiento y cumpla con remitir cada una de las informaciones requeridas por la fiscalía, por el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre del 2022”, señala la resolución.

En consecuencia, también ordenó que la medida sea implementada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, bajo estricta confidencialidad, y que los resultados sean presentados tanto al Poder Judicial como a los afectados, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

La Fiscalía solicitará información que abarcará “estados de cuenta correspondientes a depósitos de ahorro, cuentas corrientes, plazos CTS, solicitudes de alquiler de cajas de seguridad (con la especificación de su ubicación precisa), así como cualquier otra modalidad de ahorro e inversión, ya sea cancelada o vigente”.

Además, se detallan otras operaciones como “transferencias y remesas de fondos locales, así como transferencias al extranjero mediante Swift, internet u otros medios, ya sea utilizando cuentas o prescindiendo de ellas”. El documento también especifica que incluye “en general, todas aquellas operaciones y servicios no mencionados previamente que representen obligaciones para el cliente”.

Cabe recordar que el 9 de marzo de este año, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exmandatario Pedro Castillo, quien es señalado como el presunto líder de una organización criminal. Tanto el expresidente como los exministros previamente mencionados enfrentan acusaciones por diversos delitos, entre los que se incluyen organización criminal, tráfico de influencias y colusión en perjuicio del Estado.