El diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, inició una acción civil contra los fiscales y jueces que intervinieron en el denominado caso Cócteles, proceso en el que fue investigado y procesado junto a Keiko Fujimori. El parlamentario solicita una reparación de S/2 millones por los daños que, según sostiene, se habrían producido durante los años que permaneció sometido a investigación.
La demanda está dirigida contra el fiscal José Domingo Pérez, quien estuvo a cargo de la investigación; el fiscal superior Rafael Vela; y los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga.
Figari permaneció 19 meses en prisión preventiva como parte del proceso judicial. El caso estuvo relacionado con las pesquisas por presuntos aportes irregulares a las campañas de Fuerza Popular, proceso que posteriormente fue anulado luego de una decisión del Tribunal Constitucional.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Como parte del procedimiento iniciado por el legislador, este viernes 4 de septiembre se desarrollará una audiencia virtual de conciliación. En esta diligencia, Figari buscará que los cuatro demandados acepten el pago de la indemnización solicitada y evitar así que el caso llegue a una etapa de juicio civil.
El abogado de Figari, Aurelio Pastor, explicó que la demanda busca resarcir los perjuicios que su patrocinado habría afrontado durante los nueve años que estuvo bajo investigación y los 19 meses de prisión preventiva.
Según el letrado, Figari habría dejado de percibir ingresos, asumido gastos relacionados con su defensa y sufrido consecuencias que también habrían afectado su capacidad de generar recursos posteriormente.
DAÑOS RECLAMADOS
Pastor sostuvo que su patrocinado también habría sufrido una afectación personal y financiera como consecuencia de su vinculación con el proceso judicial. Señaló que fue estigmatizado por una supuesta pertenencia a una organización criminal y que las investigaciones por lavado de activos habrían generado dificultades para acceder a servicios financieros.
La reparación económica planteada comprende los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral. El abogado consideró que los S/2 millones solicitados constituyen una suma prudente frente a los perjuicios que, según sostiene, habría sufrido el parlamentario. [Con información de RPP]
