Pide anular convocatoria para elegir representantes ante el CMQ

Organizaciones cuestionan plazos reducidos y requisitos que podrían dejar fuera a colectivos sin acreditación municipal.

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Un sector de organizaciones sociales de la provincia de Mariscal Nieto, solicitó la nulidad del proceso de convocatoria para elegir representantes ante el Comité de Monitoreo de Quellaveco (CMQ), al considerar que el reglamento difundido sería excluyente y otorgaría plazos insuficientes para cumplir con los requisitos documentarios.

La posición fue expuesta por Lucio Flores Toledo, quien informó que entre jueves y viernes se realizaron reuniones de emergencia con diversas organizaciones sociales, principalmente tras inquietudes planteadas desde el sector de Tumilaca. Indicó que el viernes se presentó un documento ante la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto solicitando que se abstenga de continuar con el proceso previsto inicialmente para el día siguiente.

Asimismo, señaló que se remitió un memorando de emergencia a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, dirigido a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, con el objetivo de que se tome conocimiento del pedido y se evalúe la anulación de la convocatoria.

Uno de los principales cuestionamientos —según explicó— es que el reglamento habría otorgado solo tres días para presentar la documentación requerida, lo que habría impedido que muchas organizaciones puedan reunir los requisitos. “Es arbitraria y excluyente”, afirmó Flores, al señalar también que existirían vacíos respecto a la forma de evaluación de los documentos, lo que podría afectar la transparencia y equidad del proceso.

Otro punto de preocupación es la exigencia de contar con acreditación municipal para participar en la elección, requisito que —según advirtieron— podría dejar fuera a colectivos u organizaciones sociales que no cuenten con ese reconocimiento formal.

Finalmente, las organizaciones recordaron que los representantes de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo de Quellaveco cumplen un rol clave de vigilancia y control social sobre decisiones vinculadas a compromisos, proyectos y gestión de recursos hídricos relacionados con la actividad minera en la región.

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