POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Conforme los plazos electorales se acortan, el panorama electoral nos permite ir al encuentro de las manifestaciones singulares de nuestro folclórico proceso de elecciones generales. Si bien el JNE canceló la inscripción del partido ANTAURO por conducta antidemocrática, su líder, Antauro Humala, ya se ubicó en el partido Juntos por el Perú, generando desconcierto en su militancia, pero también una trifulca por la ansiada candidatura presidencial. Hernando de Soto oficializó su renuncia al partido Progresemos y, de inmediato, se anuncia su incorporación a la Alianza Capital Popular. Fueron problemas de liderazgo interno los que impulsaron este rompimiento; recordemos que antes era un líder indiscutible del partido Avanza País, al que también renunció.
Sin embargo, hay un caso que llama la atención: el del partido PPC, que con la debida antelación presentó a sus alternativas presidenciales, en eventos regionales, sensibilizando a los electores, intentando transparentar su democracia interna: Óscar Valdez Dancuart, Javier Gonzales Olaechea, Fernando Cillóniz Olazábal y Carlos Neuhaus Tudela. Solo este último se mantiene en pie; los demás renunciaron o los renunciaron.
El caso del expresidente Martín Vizcarra, según las últimas encuestas, aparece con las mayores preferencias ciudadanas, no obstante estar inhabilitado por el Congreso, lo que motivó a que el JNE lo excluyera del padrón de afiliados del partido Perú Primero, que él fundó. Es decir, un candidato no candidato que, como ningún otro, se encuentra en el carril electoral, desarrollando activismo político, recorriendo el país, convocando masiva participación, siendo el preferido en las redes sociales, de las que ha hecho un arma electoral.
En una circunstancia similar se encuentra el expresidente Pedro Castillo, con proceso de juicio oral en curso y privado de su libertad. Una encuesta de IPSOS, de estas últimas semanas, revela que “un número significativo de ciudadanos expresa incertidumbre o escepticismo frente a la narrativa del golpe de Estado, considerando al expresidente como una víctima de presiones políticas o de un sistema que lo desbordó”. En ambos casos, su defensa cifra esperanzas y están a la espera de una decisión del sistema interamericano de derechos humanos.
Y son 43 partidos políticos con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, habilitados para participar en las próximas elecciones generales de 2026. Gran parte de ellos surgieron sin mayores expectativas, aprovechando la flexibilidad de las reglas electorales, jugando a la tómbola de probar suerte, propia de nuestra imprevisibilidad electoral, incentivados por los recursos del financiamiento público y acogiéndose a la exitosa performance de las agrupaciones llamadas “vientre de alquiler”.
En un mínimo de realismo y a fin de no perder su inscripción, damos por descontado que gran parte de estas propuestas acudirán a formar alianzas electorales. Otras asumirán la endeble decisión de arriesgar su sobrevivencia política, y los partidos fuertes, con ascendencia y presencia nacional, se atreverán a proponer candidaturas propias. Por consiguiente, no serán más de dos decenas de agrupaciones que, en solitario o en alianza electoral, finalmente estarán en el partidor electoral.
Un aspecto muy importante, que ya lo advirtió el politólogo Tuesta Soldevilla: no superarán la decena las agrupaciones que tengan presencia en el Parlamento. Y aquí encontramos una respuesta que proviene de la propia norma electoral: la valla electoral, lo que fortalecerá a los demás partidos que sí la superen. Es decir, un endose legal para una mayor presencia política. Y esto nos lleva a un tema engorroso, que es nuestra estabilidad política y gobernabilidad: la agrupación política que triunfe finalmente en la segunda vuelta no tendrá mayoría parlamentaria. Una vez más, tendremos un Parlamento atomizado, con escasa prudencia y responsabilidad política, que, como hoy, pondrá en riesgo la vitalidad de nuestras instituciones, ingresando al encuentro de un Parlamento empoderado y un Ejecutivo diezmado.
Desde la perspectiva del elector, no hay una propuesta partidaria solvente, convincente, que dé muestras de contundencia política y arrastre masivamente a los electores. Estamos, pues, en un escenario de incertidumbre, donde no se puede tener la certeza de las inclinaciones electorales. Incluso en el escenario de la inseguridad ciudadana, las recurrentes e históricas denuncias de corrupción, la persistente desafectación ciudadana, la torpeza de nuestra clase política en funciones de no advertir el rechazo ciudadano, no hacen más que alimentar posibilidades no descartadas de liderazgos antisistema, que asuman propuestas radicales y con facilidad induzcan al elector. Es de ingenuos descartar las variadas y complejas posibilidades electorales.
¿Tenemos la certeza de que nuestra próxima representación política —de gobierno como parlamentaria— será mejor que el bochorno actual? Ninguna. Nada garantiza que tengamos una mejor calidad de representación, incluida en ello la novísima elección de sesenta senadores. Es evidente que iremos al encuentro de nuevos rostros, pero con las mismas taras que nuestro propio sistema electoral genera. Y con esto no estamos señalando que nos conducimos al colapso democrático, sino que desde nuestra propia democracia tenemos que reconducir nuestro futuro político, persistiendo y recabando un rol más protagónico de los ciudadanos: el reclamado ejercicio de ciudadanía.
Si bien el voto decide —la soberanía del voto ciudadano—, la democracia no se agota allí. Esta exige mayor dinamismo, una mayor cuota de participación, un ejercicio pleno de nuestro derecho a protestar. Se nos reclama presencia y activismo.
