En el marco del mega operativo de control en la región Moquegua, la Contraloría General identificó graves daños estructurales en la construcción de un reservorio de agua de 10 mil m3 para uso agrícola que debía beneficiar a pobladores del anexo de Querapi (Ubinas) que fueron reasentados en el sector de Jaguay – La Rinconada, en la provincia Mariscal Nieto, lo que ocasionó que la obra hídrica se encuentre en proceso de colapso.
El proyecto hídrico fue ejecutado por administración directa a cargo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) durante los años 2016-2019 (Gestión de Jaime Rodríguez Villanueva y Zenón Cuevas Pare). Inició con un presupuesto de S/ 7 millones 605 mil 165 y 300 días calendario de plazo; sin embargo, tras cinco adicionales y diez ampliaciones de plazo, incrementó su inversión a S/ 10 millones 198 mil 974 y se concluyó en 1,350 días. En setiembre de 2020 se inauguró la obra; pero en la actualidad presenta asentamientos, grietas y fisuras.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 004-2022-2-5347-AC detalla las deficiencias en el diseño y construcción del reservorio. Ello debido a que se modificó el lugar donde debía construirse, eligiéndose finalmente una zona con topografía accidentada, que no contaba con estudio geológico geotécnico ni mecánica de suelos.
Además, se cambió el tipo de reservorio a construir, pues inicialmente se proyectó hacerlo “enterrado”; pero se optó luego por hacerlo “semienterrado”, con lo cual se incrementó el movimiento de tierras para la conformación de terraplenes.
La reubicación del reservorio se realizó en el 2017 por los ingenieros ejecutores de la obra sin la aprobación de la entidad. Además, en el expediente inicial y de ampliación no se anexaron los estudios de ingeniería necesarios para una adecuada ejecución y control, lo cual infringió la normativa constructiva y directivas de la entidad.
En esa misma línea se observó que el reservorio construido superó la capacidad proyectada de 10 mil m3; pues terminó con una capacidad de 12 mil 310 m3. También se detectaron grietas longitudinales en los terraplenes (ocasionados por taludes muy pronunciados), grietas transversales (por deficientes rellenos no controlados), desplazamientos de terrenos, asentamientos, expansiones, filtraciones de agua del reservorio y deterioro prematuro en obras complementarias, lo que generó un perjuicio económico de S/ 1 millón 564 mil 713.
El informe fue comunicado al titular del PERPG y se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General iniciar las acciones legales en contra de los exservidores del PERPG, para recuperar el perjuicio evidenciado.
RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS
La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en cuatro residentes e inspectores en esta obra. Ellos son: Wilson Braddi Zapata Calizaya (Residente de obra 2017-2018), Héctor Javier Tarqui Juli (Inspector de obra 2017-2018), Juan Daniel Arocutipa Maron (Residente de obra 2019) y Eric Luis Quiñonez Rivera Inspector de obra 2029).
