El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), impuso 50 sanciones administrativas a la empresa Aruntani S.A.C., operadora de la Unidad Minera Florencia Tucari, que en conjunto suman 2 996,75 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), tras constatar diversos incumplimientos a la normativa ambiental que habrían generado afectaciones en las cuencas de los ríos Coralaque y Titire, ubicados entre Moquegua y Arequipa.
Las medidas se adoptaron luego de evidenciar alteraciones en la calidad del agua, como variaciones en el pH y la presencia de metales, presuntamente vinculadas a las operaciones mineras, evidenciando la persistencia de riesgos para la calidad del recurso hídrico y la salud de las poblaciones cercanas.
De acuerdo con la entidad fiscalizadora, en los últimos dos años se ejecutaron 91 acciones de supervisión y se dictaron 35 medidas administrativas orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y a corregir de manera inmediata las irregularidades detectadas. Las intervenciones comprendieron la supervisión de la captación y tratamiento de afloramientos, el retiro de tuberías no autorizadas, la adecuada disposición de lodos del tajo Tucari y el seguimiento a requerimientos formulados por otras entidades del Estado relacionados con el cierre de componentes mineros.
Estas acciones se enmarcan en el Plan Multisectorial para la Recuperación del Río Coralaque, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 015-2024-MINAM, que busca mitigar los impactos ambientales acumulados en la cuenca y recuperar la calidad del recurso hídrico.
Asimismo, entre agosto y noviembre de 2025, el organismo realizó monitoreos ambientales semanales en coordinación con el Gobierno Regional de Moquegua, municipalidades locales, comunidades campesinas y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Finalmente, el OEFA reiteró su compromiso técnico y permanente con la protección del medio ambiente y la salud pública, precisando que continuará con la supervisión rigurosa hasta garantizar la recuperación ambiental de los ríos Coralaque y Titire, el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de la empresa sancionada y la articulación de acciones con las autoridades regionales y locales para reducir los impactos ambientales en la zona.
