POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “es una organización intergubernamental que agrupa a 38 países, con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Sus miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y respeto a los derechos humanos” (Plataforma del Estado Peruano).
Nuestro país “viene desplegando un esfuerzo nacional que congrega al Estado y todos los sectores de la sociedad con el objetivo de ser un miembro permanente. Es la oportunidad de impulsar reformas en favor de los ciudadanos y conducir al país hacia un desarrollo sostenible con inclusión social” (Perú en la OCDE). Los desafíos son: mejorar las políticas públicas, optimizar la gestión pública, involucrar a todos los actores e implementar recomendaciones de la OCDE.
Estas son las principales recomendaciones a nuestro país para su ingreso a la OCDE. En reforma tributaria y fiscal: ampliar la base de recaudación, que se encuentra cerca del 17 % del PBI, tasa inferior al promedio de Latinoamérica (21,7 %), por la alta evasión e informalidad; simplificar regímenes, unificando los regímenes tributarios para pequeñas y medianas empresas e incentivando la formalización; reducir gastos ineficientes, racionalizar beneficios y exoneraciones tributarias y fortalecer la fiscalización de la SUNAT.
En reducción de la informalidad laboral, mediante la flexibilización de costos: reducir los costos laborales no salariales para las pequeñas empresas mientras se amplía la protección social; mejorar la educación, elevar la calidad educativa y apostar por la formación técnica profesional para conectar mejor a los jóvenes con el mercado formal.
En gobernanza y políticas públicas: calidad regulatoria, aplicando evaluaciones de impacto normativo (ex ante y ex post) para asegurar normas claras y eficientes; gobierno abierto, fomentando una gestión pública transparente, participativa y con rendición de cuentas en todos los niveles del Estado; inversión y servicios, optimizando la inversión pública y la eficiencia del servicio civil para cerrar brechas en salud, educación y gestión ambiental.
La respetable revista Semana Económica (26/08/26) comenta sobre el informe de la OCDE presentado al MEF, recomendando al Estado peruano y al Gobierno eliminar la tasa reducida del Impuesto a la Renta (15 %) que beneficia a las empresas del sector agroexportador.
“Eliminar esta tasa reducida contribuiría a movilizar ingresos adicionales muy necesarios y a promover condiciones más equitativas entre los sectores. Aplicar la tasa general del IR (29,5 %) a estas compañías permitiría incrementar la capacidad recaudatoria del Estado y generar condiciones más equitativas entre las distintas actividades económicas, en un momento en el que Perú enfrenta la necesidad de generar mayores ingresos fiscales, según la OCDE”.
En conferencia de prensa (07/08/26), el ministro Elmer Cuba anunció una reforma laboral para “enfrentar la informalidad”, originada, según el argumento “tecnocrático”, en la rigidez laboral, para ir a una “flexibilización laboral”. Ello significa disminuir los derechos laborales, como la Ley Chlimper (Ley N.º 27360) y la Ley Chlimper 2.0 (Ley N.º 32434), ambas dadas para treinta años cada una, total sesenta años, hasta el año 2035; con régimen tributario especial (capitalistas pagarán menos impuestos) y facilidades laborales (trabajadores con menos derechos), a fin de “promover” la agroexportación enriqueciendo a los agroexportadores, a costa del empobrecimiento del Estado.
Por recomendación de la OCDE, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tendrían que modificar o derogar la Ley Chlimper 2.0. ¿Lo harán?
