Más señales del desorden y la ineficiencia en la gestión del alcalde Elvis Córdova Nina. La obra de mejoramiento del servicio de agua para riego tecnificado en los sectores de Alto Coplay y San Miguel, que debería beneficiar a 240 productores agrícolas, avanza con preocupantes inconsistencias entre el gasto y el avance físico, según advierte la Contraloría General de la República.
El proyecto, que se ejecuta por administración directa desde el 7 de septiembre de 2023, cuenta con un presupuesto actualizado de S/ 27 355 810 (veintisiete millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez soles). Sin embargo, el último Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/2362-SCC revela un escenario crítico: hasta abril de 2025, el avance físico apenas llegó al 26%, muy por debajo del 51% programado, lo que refleja un retraso acumulado del 25%.
En contraste, el gasto financiero acumulado asciende a S/ 19 138 467 (diecinueve millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete soles), es decir, el 67% del presupuesto total, sin que esa inversión se traduzca en avances visibles en la obra. Esta desproporción revela una grave falta de control técnico y administrativo en la ejecución del proyecto, que ya está generando riesgos de encarecimiento y posibles interrupciones.
Entre las causas, la Contraloría señala que se han realizado trabajos no contemplados en el presupuesto original ni en sus modificatorias, como la excavación manual de zanjas por falta de acceso para maquinaria pesada y la intervención en terrenos semirocosos y rocosos no previstos. Estos trabajos han elevado los costos, sin reflejarse en el progreso físico de la infraestructura.
Otro factor de riesgo es la necesidad de replantear el trazo inicial de la línea de conducción y reubicar obras de arte, además de la ausencia de un nuevo perfil hidráulico actualizado, lo cual podría comprometer el funcionamiento del sistema y aumentar los plazos de ejecución.
Por si fuera poco, el informe advierte un déficit presupuestal de S/ 3.3 millones para este año fiscal, lo que comprometería la continuidad del proyecto. También se documentó una demora de 120 días calendario en el procedimiento para adquirir reservorios metálicos, debido a la falta de un informe legal necesario para el proceso de selección.
Todos estos hechos fueron comunicados formalmente al alcalde de Torata, a fin de que adopte medidas correctivas o preventivas. Sin embargo, la situación refuerza la percepción de una administración que improvisa, gasta sin planificación y pone en riesgo una inversión millonaria que debió traducirse en productividad para el agro torateño.
