Por: Arnulfo Benavente Díaz
Según el Diccionario de la lengua española de la RAE, el terrorismo se define principalmente como la dominación por el terror o una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. También se describe como la actuación criminal de bandas organizadas que, de modo reiterado e indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. En el contexto del Diccionario del español jurídico, se añade que busca subvertir el orden constitucional, desestabilizar instituciones o forzar a los poderes públicos a tomar acciones. Actualmente, existe actividad terrorista en Perú, aunque con una naturaleza y alcance muy distintos a los del siglo pasado. Los remanentes de Sendero Luminoso operan principalmente en el Vraem, manteniendo alianzas con el narcotráfico. En 2025 y principios de 2026, las fuerzas del orden continuaron ejecutando operaciones en esta zona para incautar armamento y explosivos.
Recientemente se intensificó el debate sobre el «terrorismo urbano» debido al incremento de ataques con explosivos vinculados a la extorsión y minería ilegal. En el periodo 2025-2026, se registraron numerosos atentados en ciudades como Trujillo y Lima, llevando a expertos a calificar estos actos de criminalidad organizada como una nueva modalidad de terrorismo. Se observan emboscadas en la selva, extorsión masiva («cobro de cupos»), sicariato y uso de dinamita. Las cifras de violencia en 2025 cerraron con más de 2,200 homicidios a nivel nacional. La respuesta del Estado incluye estados de emergencia y operativos conjuntos entre la PNP y las Fuerzas Armadas. Hoy no existe una guerra interna nacional; la situación es focalizada. La actividad subversiva clásica está limitada al Vraem; fuera de esa zona, no hay control territorial de grupos ideológicos.
En ciudades como Lima o Trujillo existe criminalidad organizada. Aunque el Congreso debatió leyes de «terrorismo urbano», especialistas aclaran que se trata de delitos comunes violentos, pues buscan fines económicos y no el poder político. La legislación peruana diferencia el objetivo del criminal y el bien jurídico. El concepto de «terrorismo urbano» surge porque las bandas usan métodos violentos (granadas, explosivos) similares a grupos terroristas. El Congreso aprobó en 2025 la Ley de Terrorismo Urbano (o Criminalidad Sistemática), que tipifica la extorsión y sicariato como terrorismo cuando generan «zozobra en la población». Se establecen sanciones severas con penas mínimas de 30 años. El Gobierno suele renovar estas medidas en distritos de Lima y en Pataz, donde la Policía recibe apoyo de las Fuerzas Armadas.
