POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Se recogen resultado de encuestas y la percepción ciudadana se mantiene uniforme desde hace buen tiempo, coincidente con nuestro diario caminar e ineludible intercambio de opiniones, el descontento manifiesto hacia nuestra representación política compromete nuestro propio sistema democrático, a lo que los politólogos llaman hartazgo ciudadano; sin embargo, también advertimos un extraño inmovilismo social, que podría leerse como complacencia, cuando los cierto es que se van acumulando fuerzas silenciosas hacia un imprevisible desenlace.
Hace pocos meses cuajaba la premisa que se vayan todos, el propio Ejecutivo de Dina Boluarte presentó una iniciativa en ese sentido, para finalmente el Congreso desestimarla -y aun cuando se evidenciaba una fuerte presión social-, y tal como está el escenario político, se van ambos poderes del Estado hasta la culminación de su mandato; la parsimonia ciudadana pareciera haber envalentonado al Congreso, que con su “aparente” fraccionamiento se muestra corporativamente sólido en sus decisiones, colocando al Gobierno en un rol secundario, como nunca antes manifestado.
El frente externo, más allá de la derecha conservadora y los aspavientos de Mario Vargas Llosa, es un terreno minado, a los exabruptos de Manuel López Obrador y Gustavo Petro se han sumado otras voces más diplomáticas pero críticas al fin de cuentas, como Josep Borrell desde la Unión Europea y por ello la estratégica necesidad de facilitar los viajes de Dina Boluarte-aun afectando la norma constitucional-, en la perspectiva de posicionar su gobierno en el contexto internacional y que pueda revertirse esa imagen de ingobernabilidad y deslegitimidad, cual si fuera muy distante de la realidad. A ello habría que agregarle los distintos informes, en ese mismo espacio, que han dado organismos como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que con argumentos bastante sólidos encuentran responsabilidad en el Estado peruano, conminándolo a disponer investigaciones, procesos y sanciones bajo el marco de la ley, a quienes estén inmersos en excesos y vulneración a los derechos fundamentales.
La prepotencia de una bancada mayoritaria con 73 parlamentarios que quería subyugar al Gobierno de Kuczynski, al que nunca se le reconoció su triunfo electoral, fue el cimiento de las oscilaciones de gobierno que tenemos hasta estos días; nada distante aconteció con el reacomodo de fuerzas, el realineamiento de intereses en el Congreso a partir del 2021, que contando con el apoyo de un importante sector de la prensa y la propia ineficiencia del Gobierno de Castillo, recondujeron nuestra gobernabilidad por el sendero de la inestabilidad.
Resulta irónico encontrar en aquellos grupos políticos que invocaban a las Fuerzas Armadas, a los organismos internacionales, desconocer la decisión electoral que erigió como gobernante a Pedro Castillo, proponerse como los panaceas de la democracia, declarando abiertamente de la constitucionalidad del mandato de Dina Boluarte, alguien diría las vueltas que da la vida y tan rápido; mejor cabría decir, el mezquino interés subjetivo, coyuntural, manosea nuestra inmadura democracia, sometiéndola a los designios político partidarios.
Más irónico y aún provocador, resulta la posición de la presidenta Boluarte quien fue parte de la plancha presidencial acompañando a Pedro Castillo y al luego excluido Vladimir Cerrón, que hasta último momento lo acompañó en el gabinete ministerial, interrumpida con la presencia de Betsy Chávez, que desavenencias por protagonismos políticos la forzaron a su renuncia, en ningún momento alego problemas de gestión o graves hechos de corrupción; y hoy cual su enemigo recalcitrante despotrica como su eterno rival político; encontramos en ese cambio de actitud, oportunismo y cosecha para desligarse de responsabilidades y emparentarse con agrupaciones políticas que puedan darle soporte a su débil representación.
En las decisiones que viene asumiendo el Congreso, acudiendo a una neutralización de nuestros principales órganos constitucionales, ya cerrado el tema del Tribunal Constitucional, aunque está pendiente la elección del séptimo magistrado; la articulación con la Fiscal de la Nación y resuelta la elección del Defensor del pueblo, ahora van por Junta Nacional de Justicia y el sistema electoral; en un juego en paralelo la presidenta Boluarte acaba de publicar una Resolución Suprema designando una Comisión para asesorarla en materias constitucionales, integrada por diez “expertos constitucionalistas”, que en un afán de sinceramiento debió ser “expertos políticos-constitucionalistas”, pues el escenario político es acortado y sabemos perfectamente de quienes se trata y cuál es su inclinación política y a qué intereses representan, claro que está en su derecho la presidenta Boluarte de establecer soportes para mantener inalterable su exigua autoridad, pero de allí a considerar que hay un giro y serán sopesadas sus decisiones, no hay ingenuidad.
El comportamiento de los medios de comunicación mantiene su hilo conductor, complaciente con unos y descalificador con otros, aunque se hizo un paréntesis con la elección del Defensor del Pueblo, al unísono se proclamó su rechazó y se formularon cargos y responsabilidades futuras contra el Congreso, pero se sigue en ese perfil de avalar los retrocesos institucionales en resguardo de su singular “orden y paz social”.
Cual, si fuera un silogismo, y luego de las premisas básicas, corresponde llegar a determinaciones. Aún en este forzado contexto político y social, no se percibe tranquilidad, desde el aparato estatal los ajustes(desbarajustes) institucionales no se proponen circunstanciales, más bien responde a estrategias para asegurar el estado de cosas y, sobre todo, cerrar las rutas que puedan encaminar procesos futuros de responsabilidades como allanar el camino que faciliten los relevos políticos en justas electorales futuras. Y en ese accionar, se percibe respuestas a temores futuros; es decir, forzar los cambios posibles y pronto, porque definitivamente con voluntad o sin ella se ha generado “un caldo de cultivo”, que no garantizan que el gobierno y el Congreso, culminen su mandato, de eso estamos convencidos.
Vecinos cercanos, ante conflictos político sociales, como Chile o Ecuador, apelaron a salidas constitucionales; en nuestro país, a pesar de todas la vicisitudes, es innegable que nuestro marco constitucional-aunque al límite- nos ha dado soporte, más no legitimidad ni mucho menos confianza y compromiso ciudadano, grave debilidad que nos muestra incapacidad para revertir este panorama y que bajo una lectura cauta, objetiva, debería exigir encarrilar nuestra evolución política hacia nuevas elecciones, aún en la esperanza que desde la propia institucionalidad se den respuestas. Sin embargo, no hay señas ni remotas que hagan encontrarnos con esta última expectativa, quedando los tiempos y las repuestas a disposición de la propia ciudadanía. Que Dios nos coja confesados.