POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Hace menos de una semana, en conferencia de prensa, Jorge Salas Arenas declaró que nuestra democracia está en riesgo. El viernes pasado, no solo volvió a repetirlo, sino fue más allá mostrando su temor por la integridad de los jueces al ejercer sus labores con miedo frente al autoritarismo impuesto en el país. De inmediato surgen estas dos preguntas ¿Qué ocurrió para que reprodujera estas palabras?; y ¿por qué lo hizo?
Rememoremos. Desde la última segunda vuelta presidencial, un sector de la población (cada más acrecentada) está convencida que hubo fraude electoral avalado por el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Frente a estas imputaciones, el también Magistrado Supremo se ha limitado a desmentirlas. Y, recientemente, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el Partido Aprista Peruano contra el JNE por haber vulnerado el derecho a la participación política al haber impedido la inscripción de listas al Parlamento (Expediente N° 2973-2022-PA/TC). Sobre esto último, Salas Arenas no emitió opinión alguna.
Frente a este descontento, un grupo entusiasta (y en ocasiones vehemente) llegó a la sede del Jurado profiriendo amenazas. En el mismo instante, el expresidente de la Academia de la Magistratura se sintió agraviado deslizando la posibilidad que dicho colectivo esté recibiendo apoyo de la Fiscalía y del Congreso. Temeraria afirmación.
Sin embargo, lo que en realidad le ha incomodado es que un nutrido número de Legisladores presentaron hasta 6 proyectos de ley para incorporar dentro de los alcances del Artículo 99° de la Carta Política (Acusación Constitucional) a los miembros del JNE, y Jefes de la ONPE y RENIEC. Ante ello, hace dos meses el Jurado comunicó que resulta inviable pues atentaría contra la autonomía del ente electoral. No necesariamente.
El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que nadie está exento de control. Y ello incluye el Jurado Nacional de Elecciones. Si bien la administración de justicia tiene como principios, entre otros, la independencia e imparcialidad, queda claro que, bajo esta figura jurídica, el Congreso tiene la potestad de investigar, y sancionar de ser el caso, a determinados funcionarios de alta jerarquía (Vg. Ministros, Defensor del Pueblo) por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. En suma, es un control político por excelencia.
Y, a la segunda interrogante, sencillamente incomprensible. Los desatinados comentarios (por ser bondadoso en el término) de Jorge Salas no hacen daño a usted ni al suscrito, sino al Perú entero, proyectando una pésima imagen en el exterior, toda vez que se trata del Titular del Máximo Ente Electoral; es decir, un alto funcionario del Estado peruano.
Debemos entender que más allá de las coincidencias (o no) con el gobierno de la señora Dina Boluarte, está por encima el país, representado por los 33 millones de compatriotas. Vivimos en democracia, siendo nuestro derecho el disfrutarla, aunque también nuestro deber de cuidarla permanentemente.