POR: ABOGADO CÉSAR MARÍN CÁCERES
Ahora que en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley por parte del congresista Jorge Montoya para que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos de Humanos de San José de Costa Rica, consideramos que nuestro país no debe desvincularse de este tratado porque es una garantía de que se respeten los derechos humanos por parte de los gobiernos miembros firmantes de este acuerdo.
Al ser un tratado de derechos humanos la Convención Americana forma parte del derecho nacional eso lo dice el artículo 55 de la Constitución, ello también lo confirma la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución.
Cuando un ciudadano peruano tiene un proceso judicial y considera que los jueces no hacen respetar sus derechos una vez agotada la jurisdicción interna puede recurrir a la instancia internacional en ese caso se presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego si procede la denuncia pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
He tenido la experiencia como abogado en Ilo de enviar una denuncia contra el estado peruano en forma virtual a la Comisión Interamericana de Derechos humanos cuya sede queda en Washington Estados Unidos, una denuncia porque en un proceso de amparo que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional declararon improcedente, la denuncia es porque en el Perú en un proceso laboral sobre reintegro del 22.40 por ciento de la participación de pesca se resuelve de dos formas, por cuanto una Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República se declara fundada la demanda y la otra Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declara infundada y los pescadores que por “mala suerte” les ha tocado ésta Sala terminan perjudicados en comparación de los demás compañeros de trabajo de una misma lancha (embarcación) de pesca industrial a los cuales sí se les otorgaba el derecho, es decir no se respeta el derecho humano a la igualdad ante la ley.
La Comisión Interamericana ha recomendado al estado peruano en algunos casos con sus informes que se rectifique de alguna medida o ley y lo ha hecho, igual la Corte Interamericana a emitido sentencias que el Perú ha tenido que cumplir, aunque siempre había voces que decían que no se debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, pero siempre se ha cumplido.
Este proyecto de ley requiere a la presidenta para que en el plazo de 30 días presente el documento de denuncia o retiro de la Convención o Pacto de San José y si no lo hace que explique las razones del por qué no se retira del acuerdo. Se presenta este proyecto de ley sin tomar en cuenta lo que establece el artículo 57 de la Constitución que señala que es potestad del presidente la denuncia de los tratados, por lo tanto, el Congreso no le puede exigir a la presidenta que renuncie al Pacto.
En el Congreso si pueden aprobar esa ley porque tienen mayoría, pero la decisión al final lo va a tener la presidenta Dina Boluarte, aunque por los hechos ocurridos en diciembre y enero del 2023 ante la represión del estado por las protestas que originó la muerte de 49 personas, para salvar su responsabilidad internacional podría denunciar a la Convención, pero ello solo tendría efectos después de un año, aunque hay otros tratados internacionales de derechos humanos al cual se puede recurrir, esperamos que este proyecto de ley no prospere por el bien del Perú.