POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Hace unos días, Rafael López Aliaga fue entrevistado en un canal de televisión respecto de las acciones tomadas por la comuna metropolitana ante las consecuencias catastróficas del ciclón Yaku (huaicos con destrucción de propiedad pública y privada, acarreando millonarias pérdidas económicas). Visiblemente incómodo declaró “El 1 de enero entro y no había nada de prevención. Si uno encuentra una municipalidad que no tiene un mango, que está quebrada y con cero de caja, no jodan, pues. Ya estoy en azul”.
De inmediato, el interlocutor repreguntó a que, o mejor dicho a quienes, se refería con la mentada frase “no jodan”, a lo que enfáticamente esbozó “a los cínicos que ocultan la verdad. A malos periodistas que no informan que la corrupción de Vizcarra, PPK, Sagasti, Castillo y Villarán no han realizado el encauzamiento de los ríos y quebradas desde 2017, que no informan sobre los 27 mil millones de soles robados al pueblo”.
En paralelo, las redes sociales, así como algunos medios de comunicación, ambos de tendencia caviarona, rechazaron las expresiones del alcalde de Lima, sugiriendo inclusive que debiera ser vacado. Afortunadamente para sus intereses, este cuestionamiento pasó desapercibido por el hecho de estar el mismo señor López Aliaga en primer plano monitoreando la ayuda a los damnificados. Pero, queda flotando la pregunta ¿Qué tan válida es la ofuscación por los hechos acontecidos?
Preliminarmente, el actual inquilino del sillón de Nicolás de Ribera “El Viejo” no es un político tradicional. Lo anticipó en campaña al ser directo; es decir, sin titubeos al decir las cosas. Y lo demostró cuando a inicios de año dejó sin efecto el Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima (Acuerdo de Concejo N° 11). Sus detractores dicen que esta decisión nos costará S/ 1500 millones.
Probablemente, aunque la interrogante sería cuanto venimos gastando a diario todos los peruanos ante los cada vez más elevadísimos costos de peaje. Más aún, a inicios de la anterior gestión edil (mayo de 2019), el vacado Jorge Muñoz manifestó “No quiero ningún peaje manchado por la corrupción.
Esto lo tenemos muy claro y estamos en ese proceso. Hoy se convoca al concejo para la debida evaluación y la toma de decisiones del caso». Como buen caviar, el ex-burgomaestre prometió y jamás hizo algo para la ciudadanía.
Dicho esto, ¿hay derecho a la indignación? Y no solo de él.
El pasado 31 de enero, el Contralor General Nelson Shack reveló la existencia de más de S/ 25 mil millones perdidos por actos de corrupción en 2022, agregando que hay 1900 obras paralizadas por S/ 21 mil millones, estando comprendidos 3500 servidores públicos con presunta responsabilidad penal.
Cuarenta y cinco días después, la prensa informó que durante el desgobierno de Pedro Castillo el SENAMHI alertó sobre un escenario de posibles lluvias para este año. Preguntado el Primer ministro, alegó desconocer; sin embargo, lo que omite reconocer el señor Alberto Otárola es que su jefa y actual mandataria sí debió haber tenido conocimiento de ello, en su calidad de ministro del MIDIS.
Y como si nada hubiera pasado a su alrededor, la propia Dina Boluarte convocó “… a una cruzada nacional para reconstruir el Perú, …… que nos permita en lo inmediato atender a las hermanas y hermanos damnificados y afectados. Y en el corto y mediano plazo ejecutar las grandes obras para proteger a nuestros pueblos y ciudades e impulsar el desarrollo del país”, añadiendo luego el desembolso de S/ 4,000 mil millones. Más gasto sin control, mayor despilfarro.
Insisto en la premisa, ¿hay motivo para el enfado? De sobra, pues el despilfarro en el uso ilimitado del dinero público es más que de preocupación. Es de temer.
Hay inclusive una cierta normalización ante hechos irregulares y/o de presuntos delitos asociados a corrupción estatal, con manto de impunidad (de vez en cuando alguna que otra detención preliminar o prisión preventiva, con allanamiento domiciliario de por medio para dar la falaz impresión que son muy “justos”, investigaciones fiscales y procesos judiciales, ambos eternos, y sentencias exculpatorias, o en el mejor de los casos NO efectivas para pisar cárcel). Sí, tiene toda la razón don Rafael: ¡No joan’ pes’!