POR: GUSTAVO ADRIANZÉN (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS)

El Perú ha demostrado desde tiempos prehispánicos poseer una enorme riqueza mineral que, lejos de ser aprovechada para el cierre de brechas, hoy parte de ella es explotada por mineros ilegales aliados de organizaciones criminales.

En lugar de ser conjurado por efectivas políticas de Estado, este flagelo se ha extendido por el país favorecido por mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera, que ha dado carta blanca a miles de mineros ilegales bajo la promesa ampliamente incumplida de transitar hacia la legalidad.

Consciente de ello, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte impulsó la conformación de una comisión multisectorial en la que ha surgido una propuesta concreta: el nuevo enfoque integral de la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal. Este nuevo paradigma impulsará acciones contra las múltiples aristas de esta actividad ilícita.

Es posible un Perú sin las tristes imágenes de La Pampa en Madre de Dios y de Pataz en La Libertad, pero se requiere del compromiso político de los tres poderes del Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Es el momento para la unidad. 

MÁS DATOS:

EN EL PRIMER SEMESTRE del 2024 se incautaron y destruyeron insumos y materiales de minería ilegal valorizados en más de S/1881 millones, en 481 operativos de interdicción a nivel nacional.

EN LO QUE VA DE setiembre se realizaron 11 operativos de interdicción en Madre de Dios y 1 en Lima; y en la segunda quincena de agosto, 11 en Pataz (La Libertad). En ellos se incautaron y destruyeron materiales e insumos por S/48.7 millones en total.

LA PNP, EL EJÉRCITO del Perú y la Dicapi actúan en interdicciones constantes contra la minería ilegal, de la mano del Ministerio Público.