Con el objetivo de disminuir la creciente informalidad en la radiodifusión por cable, proteger los derechos de los ciudadanos y desarrollar mecanismos que salvaguarden los principios de ética y formalidad en el mercado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cancelará la concesión de empresas de TV por cable que difundan contenidos piratas.
Asimismo, se ha incluido en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones la posibilidad de que estas empresas pierdan la concesión para brindar servicios, en caso no respeten los derechos de autor. La finalidad es evitar que se emitan contenidos piratas o no autorizados.
Estas acciones de control y fiscalización han sido posible luego de la aprobación del Decreto Supremo N° 015-2019-MTC, publicado recientemente por el sector y que constituye una norma de estricto cumplimiento.
“La aplicación de esta modificación establece que el Estado está en la facultad de resolver un contrato de operación de Tv por cable, siempre y cuando las empresas infractoras hayan sido previamente fiscalizadas y el sector hubiese emitido una resolución administrativa firme”, informó la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.
Se incluye como causal de resolución de los contratos de concesión: la distribución, redistribución, transmisión, retransmisión o comercialización de los contenidos sin autorización del titular, aspectos que anteriormente no estaban incorporados en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.
Esta medida que impulsa el MTC se enmarca bajo tratados internacionales suscritos como la Decisión Andina 351, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, la Convención de Roma sobre la protección de los intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el Tratado OMPI sobre Derecho de autor, el Tratado OMPI sobre interpretaciones y ejecuciones y fonogramas, entre otros.
DATO
Existen 664 empresas formales que brindan el servicio público de radiodifusión por cable. El Ministerio de Producción estima que la piratería ocasiona pérdidas que ascienden a US$ 72 millones anuales al Estado y US$ 171 millones al sector privado.
