POR: GUSTAVO PINO
El 16 de septiembre de 2024, en este mismo diario, se alertó sobre la grave situación de violencia contra la mujer en Moquegua. Se advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, estas cifras podían desembocar en tragedias. Lamentablemente, esa advertencia se ha convertido en una realidad dolorosa con el reciente caso de feminicidio en Torata.
La joven de 16 años, de iniciales V.A.O.R., fue encontrada sin vida la tarde del 29 de enero en un inmueble ubicado en el sector Sifón La Banda, en el distrito de Torata. La menor estaba recostada en el suelo con una correa, al parecer de cuero, alrededor del cuello, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de un feminicidio. Las primeras diligencias apuntan a que el principal sospechoso es un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales J.G.R.J., quien habría sido la pareja sentimental de la víctima.
En 2022, el 31.4% de las mujeres sufrió violencia física a manos de su pareja, superando el promedio nacional del 27.8%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque esta cifra representa una ligera reducción respecto al 38.7% registrado en 2021 —cuando la región tuvo el porcentaje más alto del país—, la tendencia sigue siendo preocupante. No se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que mantiene a Moquegua entre las regiones con mayores índices de violencia contra la mujer.
El problema no se limita al ámbito de pareja. En 2022, el Centro de Emergencia Mujer registró 2,500 denuncias de acoso escolar y 93 casos de violencia física y psicológica entre jóvenes de 15 a 29 años. Estas agresiones afectan su bienestar físico y emocional, perpetuando un estado de vulnerabilidad que impide su desarrollo. Moquegua no solo enfrenta altos niveles de violencia doméstica, sino que también presenta un entorno hostil para la juventud, donde la violencia se normaliza y se convierte en un ciclo difícil de romper.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022, Moquegua ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en violencia familiar contra mujeres de 15 a 49 años, con un 60.8%. Este porcentaje es superior al promedio nacional del 55.7% y solo es superado por Junín (69.1%), Madre de Dios (65.6%) y Apurímac (65.3%). Mientras algunas regiones han reducido sus cifras, Moquegua sigue en la lista de las más afectadas. La falta de estrategias efectivas y de políticas públicas con impacto real impide que la situación mejore. Sin embargo, desde la Subgerencia de Juventud se intenta construir una estrategia distinta, que no se quede en la superficie de la crisis, sino que ataque sus raíces.
Programas como InspirArte, la Escuela de Liderazgo, el Observatorio Regional de la Juventud, Reporteros Juveniles, entre otros, buscan transformar la manera en que la juventud se relaciona con su entorno, promoviendo una cultura de participación y denuncia. Se trata de alejar a los jóvenes del rol pasivo y convertirlos en protagonistas de un cambio estructural que parece urgente y necesario.
Pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿es suficiente? La violencia no se erradica solo con buenas intenciones ni con estrategias aisladas. Hace falta voluntad política real, seguimiento constante y un compromiso que trascienda los discursos de ocasión. Moquegua es una región con recursos, pero hasta ahora no ha logrado convertir su bonanza en oportunidades. El Programa de Empleabilidad y la Red de Emprendedores Juveniles podrían marcar una diferencia, pero requieren algo más que financiamiento: necesitan una visión a largo plazo que impida que la precariedad y la dependencia económica sigan alimentando el ciclo de la violencia. Porque si algo han demostrado las cifras, es que las advertencias no bastan. Sin acción contundente, cada alarma que suene hoy será la noticia trágica de mañana.
