POR: DR. ROBINSON ALMANZA CABE
El documento “Resumen Regional de Moquegua” permite advertir que la violencia de género en la región continúa constituyendo un problema estructural y persistente durante el periodo 2025-2026, especialmente en el ámbito de la violencia ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas o integrantes del grupo familiar.
Uno de los datos más relevantes es que el 54% de mujeres alguna vez unidas, entre 15 y 49 años, declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, cifra superior al promedio nacional de 52%, según ENDES 2024.
En cuanto a la población vulnerable por edad, existen 16,492 niñas y niños de 0 a 5 años, 34,064 jóvenes de 18 a 29 años y 23,826 personas adultas mayores. Estos grupos son relevantes porque pueden ser víctimas directas o indirectas de violencia familiar.
Respecto al embarazo adolescente, Moquegua registra 7.5% de adolescentes de 15 a 19 años que ya tuvo un hijo o estuvo embarazada por primera vez. Aunque está por debajo del promedio nacional de 8.4%, sigue siendo un indicador de vulnerabilidad social, sexual y educativa.
En el 2025 se atendieron 1,772 casos por violencia y, entre enero y marzo de 2026, ya se registraron 431. Si se proyecta linealmente, 2026 podría aproximarse a 1,724 casos, nivel similar al de 2025.
En el 2025 se realizaron 1,206 acciones preventivas y se sensibilizó a 16,279 personas; en enero-marzo de 2026, solo 84 acciones alcanzaron a 1,570 personas. La reducción proporcional exige revisar intensidad, cobertura y continuidad preventiva.
Se recibieron 797 consultas en 2025 y 262 entre enero y marzo de 2026. Proyectado al año, 2026 podría superar las 1,000 consultas, lo que sugiere mayor búsqueda de ayuda o crecimiento del problema.
En protección de la niñez, la UPE registró 390 ingresos de niñas, niños y adolescentes en 2025 y 129 entre enero y marzo de 2026. Este dato permite vincular violencia familiar, desprotección y afectación de derechos de la niñez.
Las proyecciones para 2026 permiten advertir cinco tendencias: la persistencia estructural de la violencia de género, el incremento de la demanda de ayuda telefónica, el aumento de casos de desprotección infantil, una posible sobrecarga de servicios especializados y la reducción preocupante de acciones preventivas.
