POR: LARRY ORMEÑO CABRERA
La paciencia de la ciudadanía moqueguana se agota. La Fiscalía Anticorrupción de Moquegua ha perdido, lamentablemente, la credibilidad y la confianza de la población. Esta crisis de fe no es una percepción aislada; es una realidad palpable que clama por una urgente y profunda reestructuración.
El problema no se limita a algunos fiscales. Se extiende al personal de apoyo y administrativo, quienes, en no pocas ocasiones, se convierten en los nexos perversos con abogados corruptos que defienden estos casos. En los pasillos de la Fiscalía, la sospecha es un eco constante y la inacción,Fiscalía Anticorrupción Moquegua 18032024 Efx LPR 04062025.png una dolorosa confirmación.
Las estadísticas no mienten: en Moquegua, los procesos de investigación anticorrupción se arrastran en el tiempo, demorando inexplicablemente. Peor aún, otros casos, de manera sorprendente, son archivados con una rapidez que levanta suspicacias, mientras la mayoría de las acusaciones solo recaen sobre los «pequeños corruptos». Esto nos lleva a una conclusión amarga: el «saco y corbata» aún pesan demasiado en los despachos de la Fiscalía Anticorrupción. Los peces gordos, los de la «alta dirección», parecen gozar de una inexplicable impunidad.
La sociedad moqueguana no necesita fiscales académicos que solo manejen la teoría, ni abogados con ternos lujosos que prioricen las apariencias. La sociedad exige, y necesita con urgencia, fiscales apasionados en su profesión, radicales, valientes e incorruptibles en la lucha contra la corrupción. Queremos fiscales que hagan temblar a los corruptos, no que se conviertan en sus aliados o cómplices.
Es una ofensa a la moral pública ver cómo fiscales, al dejar sus cargos por no ser ratificados, terminan defendiendo precisamente casos de corrupción que antes debieron investigar. Esta lamentable práctica evidencia que su paso por la institución fue meramente «laboral», un trampolín para intereses personales, y no un verdadero compromiso con la construcción de un Perú mejor y sin corrupción. Esta conducta es una bofetada a la confianza ciudadana y una confirmación de que sus intereses eran otros.
Sin caer en regionalismos, es fundamental que los fiscales anticorrupción sean personas arraigadas en Moquegua, con un verdadero compromiso con nuestra tierra. Esto nos permitiría, como sociedad civil, observar más de cerca si realmente cumplen sus funciones o si, por el contrario, sus patrimonios empiezan a crecer de manera inusual, con bienes a nombre de ellos, de sus cónyuges o de familiares en sus ciudades de origen. ¡Ojo al guía! La ciudadanía, la prensa y los colectivos anticorrupción estamos investigando, fiscal por fiscal, cada paso, cada decisión y cada patrimonio.
La reestructuración de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua no es una opción, es una necesidad urgente. Es el primer paso para devolver la fe en la justicia y desterrar la impunidad que tanto daña a nuestra región. Moquegua no se resignará a vivir bajo la sombra de la corrupción. Exigimos fiscales que sirvan a la justicia, no a los intereses subalternos. ¡Es hora de actuar!
