Este mes, más de 34 mil alumnos moqueguanos iniciaron el año escolar. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que limitan la calidad educativa. La precariedad en infraestructura y el acceso limitado a servicios básicos, principalmente en las escuelas públicas, son problemas persistentes en la región de Moquegua, señaló el Instituto Peruano de Economía (IPE).

En 2024, el 35.4% de las instituciones de educación básica pública presenta un riesgo de colapso muy alto y requiere ser demolido para su reconstrucción, lo que afecta a más de 3 mil escolares. Asimismo, más de un tercio de los colegios públicos (106) cuentan con aulas en mal estado, lo que impacta a más de 6 mil estudiantes. Entre los principales problemas estructurales en los salones se encuentran paredes, techos y pisos deteriorados (18.8% de los colegios públicos), puertas en mal estado (13.6%), ventanas deterioradas (12.7%) y deficiencias en las instalaciones eléctricas (8.4%).

Al crítico estado de la infraestructura escolar en Moquegua se suma la brecha en el acceso a servicios básicos entre colegios públicos y privados. Mientras que el 88% de instituciones educativas privadas en la región cuenta con agua, alcantarillado y electricidad; en el sector público, solo el 61% recibe los tres servicios básicos. Esto significa que una de cada tres escuelas públicas enfrenta carencias en al menos uno de estos servicios, y afecta las condiciones de estudio de más de 1,000 estudiantes moqueguanos.

Desde 2019, la inversión pública en infraestructura educativa en Moquegua ha registrado un crecimiento sostenido. Ajustado por inflación, en 2024, se ejecutaron S/181 millones en proyectos educativos, por encima de lo invertido en el 2019 (S/98 millones). Sin embargo, este incremento no se ha traducido a una mayor eficiencia del gasto. A partir de 2021, la tasa de ejecución presupuestal ha mostrado una tendencia a la baja. En 2024, Moquegua ejecutó solo el 74% de su presupuesto en educación, muy debajo del 93% ejecutado en 2021. Esta situación ubica a la región debajo del promedio nacional (83.7%) y en el puesto cinco de las regiones con menor avance de ejecución presupuestal.

Las persistentes limitaciones en infraestructura y acceso a servicios básicos impiden garantizar entornos seguros y adecuados para los estudiantes. Resulta fundamental no solo aumentar la inversión pública en educación, sino también procurar una gestión eficiente de la misma que permita elevar la calidad del servicio educativo y contribuir a mejorar el desempeño académico.