El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la creación de un grupo especial de la Policía Nacional del Perú para enfrentar los casos de extorsión que afectan a las empresas de transporte público y también a otros rubros, causando zozobra entre la población. Señaló que, durante la reunión que sostuvo con gremios de transportistas que acatan un paro hoy, ratificaron su compromiso para enfrentar este flagelo.

Indicó que, como parte de dicho compromiso, se conformará este grupo especial altamente especializado, como lo fue el desaparecido Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional, que se creó en su momento para luchar contra el terrorismo.

Santiváñez precisó que el nuevo grupo especial contará con toda la logística necesaria para enfrentar este fenómeno criminal, en paralelo a otras acciones que está llevando a cabo el sector, como el fortalecimiento de la inteligencia y la intensificación de operativos policiales.

“Este grupo especial va a tener la posibilidad de atender todas esas denuncias (de extorsión), sumado a la línea exclusiva que el Ministerio del Interior, que va a estar habilitada en las próximas dos semanas, y que es el número 111, donde van a poder hacer sus denuncias de manera reservada”, dijo en declaraciones a Andina.

El titular del Mininter indicó que se tratará de un solo equipo especializado en la materia, el cual estará a cargo de la Dirección de Secuestro y Extorsiones de la PNP, la cual depende de la Dirección de Investigación Criminal, que, a su vez, responde a la Comandancia General de la Policía Nacional.

“Nosotros no vamos a crear, como lo han hecho otros ministros, un grupo policial paralelo. Es un grupo policial dentro del estructura de la Policía, pero se va a tener como superiores a quienes son los generales de las direcciones nacionales”, aseveró.

OTRAS ACCIONES

El ministro Santiváñez señaló también que su sector se ha reunido en diferentes ocasiones con los gremios de transportistas y que, durante la reunión de hoy, les indicaron que intensificar los operativos por parte de la Dirección de Tránsito de la PNP contra el transporte informal, ya que también es una de las fuentes que da origen a las extorsiones.

Sostuvo que, adicionalmente, habrá operativos permanentes de otros grupos especializados de la PNP como los Halcones, el Grupo Terna y también efectivos policiales que van a estar de manera constante en los buses, con el fin de contrarrestar cualquier posible ataque.

El titular del Mininter subrayó además que ello irá de la mano del fortalecimiento de las acciones de inteligencia, con la finalidad de identificar a aquellos elementos que están sometiendo a los transportistas formales a extorsiones y chantajes a cambio de dejarlos circular.

“Hemos solicitado también a las empresas (de transporte) que nos compartan el listado de sus colaboradores, para de esta manera nosotros poder hacer labores de inteligencia e identificar a quienes pudieran estar vinculados con acciones criminales y poder desbaratar también estas bandas”, detalló Santiváñez a Andina.

Asimismo, señaló que la autógrafa que permitirá a la Policía volver a tener a su cargo la investigación preliminar de delitos permitirá agilizar el proceso de investigación y de persecución de estos hechos delictivos, ya que, apenas la PNP reciba la denuncia, podrá formalizar la carpeta e iniciar las labores de investigación respectivas.

PEDIRÁN CREACIÓN DE FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

El ministro recalcó también que solicitará al Ministerio Público que ordene la creación de una fiscalía especializada en delitos de extorsión y otra en casos de bandas criminales. Indicó que insistirán con este pedido, ya que en su momento se lo planteó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pero este le indicó que no era viable.

Al respecto, sostuvo que es necesario que las denuncias por extorsión sean vistas por una sola fiscalía para que no estén dispersas en diferentes despachos, pero que ello solo lo puede realizar la Fiscalía de la Nación.

Santiváñez además informó que propondrá al Consejo de Ministros la presentación de un proyecto de ley al Congreso para que se eleven las penas por los delitos de sicariato y extorsión, “de tal manera que se apliquen penas bastante severas contra quienes sean hallados responsables”.