POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Puso el dedo en la llaga, literalmente. Juan José Santiváñez, titular del Sector Interior, arremetió contra el Ministerio Público por la arbitraria liberación de presuntos delincuentes detenidos por la Policía Nacional del Perú. En respuesta, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, dijo que el actuar del citado ministro obedece a que fue notificado del inicio de diligencias ante una denuncia interpuesta en su contra. Como réplica, Santiváñez Antúnez dijo no entender qué espera Villena Campana para poner “orden en casa”.
Estos enfrentamientos entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo (Mininter) no son recientes, y aparentemente no cesarán. Es ampliamente conocida la molestia (y razones sobran) por parte de la mandataria ante el ilegal allanamiento de su domicilio en horas de la madrugada a fines de marzo del presente año. Lo agravante de este ingreso violento (con comba por parte de personal de la raída DIVIAC, bajo las órdenes de la caviarona fiscal provisional Marita Barreto) fue el registro fílmico transmitido en directo en todos los canales de televisión y redes sociales, dando en simultáneo la vuelta al orbe y empañando la imagen de nuestro país a nivel internacional. O también la incordia de la jefa de Estado por la detención preliminar de su hermano, por supuestamente integrar una organización criminal. Días después, en apelación, éste logró su ansiada libertad. En ambos casos, como en muchos otros, puro show mediático.
Sí, a lo que nos tiene acostumbrados este otrora organismo constitucionalmente autónomo. Pan y circo en cada intervención, con cámaras de televisión registrando la entrada vehemente a los inmuebles (casas u oficinas), capturando brutalmente a los presuntos sindicados (con esposas, poniéndoles chalecos con la leyenda de “detenido”), presumiéndose a priori su culpabilidad, cuando tiempo después se demostraría, en la mayoría de los casos, que las imputaciones delictivas solo fueron por dichos de terceros sin corroborar, y que en otros, los testigos están tan protegidos que me atrevería a decir que estos solo existen en el imaginario de los dizque persecutores de la ley. Ejemplos de quienes cometen estas atrocidades los tenemos con los altisonantes Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, este último con una inquina personal hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien en vano intentó hasta en cinco oportunidades mandarla a la cárcel preventivamente.
Pero, como solía cantarnos Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. El viernes pasado, el Pleno del Parlamento aprobó por mayoría (72 votos a favor), y en primera votación, el proyecto de ley que refiere, entre otros, que “La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y, en tal sentido, realiza las diligencias que, por su naturaleza, correspondan a dicha competencia, de conformidad con sus leyes y reglamentos”. En palabras del legislador Fernando Rospigliosi: «Lo importante de esta aprobación de la ley es que restablece lo que siempre ha sido, que la Policía investiga y los fiscales procesan a los delincuentes. Esto ha ocurrido siempre hasta antes de este Nuevo Código Procesal Penal y ocurre en todas partes del mundo civilizado”.
Considerado por décadas como el guardián de la legalidad, cuyo lema imperecedero fue “una luz que nunca se apaga”, hoy queda como rezago convertido en un Ministerio (de espaldas al) Público.
