Los mineros informales no están satisfechos con la ampliación, por seis meses, del Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo, ahora buscan que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus propuestas en audiencias públicas y las incluya en el dictamen del proyecto de ley para la formalización de la pequeña escala y minería artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.

Ismael Palomino y Celso Cajachagua, ambos, representantes de gremios de mineros artesanales, vienen impulsando diversas propuestas ante dicha comisión del congreso para que sean incluidas en la ley MAPE e impedir el proceso de formalización, “si la ley no se discute con el pueblo, saldrá mal, nosotros queremos aportar propuestas que hemos trabajado y esperamos un avance”, expresó Cajachagua en una audiencia desarrollada por dicha comisión congresal.

El primer objetivo de los gremios de mineros artesanales es que el proceso de formalización sea permanente, como cualquier otra actividad económica, no quieren plazos, así lo ha dado a entender Ismael palomino, “hasta el día de hoy, la formalización ha tenido plazos: dos años, tres años; ahora, por último, nos han dado seis meses. ¿Por qué nos ponen plazos? ¿Por qué no puede ser permanente, como cualquier otra actividad?”.

Un segundo objetivo es que la Ley MAPE reconozca la práctica de la minería ancestral o tradicional y disponga medidas para su preservación. Palomino refirió que la mayoría de los mineros pertenece a esta categoría y reconoció, al mismo tiempo, que ninguno ha iniciado el proceso de formalización, “queremos que se reconozca esa minería ancestral y tradicional”, expresó.

Sin embargo, para el abogado Natale Amprimo, esto sería un riesgo, ya que obligaría al Estado, a reconocer el título de minero ancestral, con derecho de exploración y explotación, sin ningún compromiso de formalización ni obligación de cumplir las normas que regulan el sector, en vez de contribuir a la sostenibilidad de la actividad minera, promovería una norma para encubrir actividades informales e ilegales en zonas prohibidas, como las áreas naturales protegidas.

El tercer objetivo de los mineros informales es que la Ley MAPE considere la entrega de derechos de servidumbre. Según Palomino, si un minero no llega a un acuerdo con el concesionario donde hay reservas mineras, podrá solicitar al Gobierno Regional o al Ministerio de Energía y Minas el derecho de servidumbre de explotación sobre “esa labor que está desarrollando”, además, los gremios de mineros artesanales buscan la reversión, a su favor, de concesiones mineras que se no han trabajado durante 20 o 30 años.

Si los mineros logran sus objetivos, será difícil erradicar la informalidad y la ilegalidad en la minería a pequeña escala y seguirán aumentando las extorsiones, los cobros de cupos, la prostitución y otros delitos conexos, etc.