Se publicaron las listas oficiales para el nuevo Congreso bicameral. Registros electorales, datos del Reinfo e investigaciones independientes revelan que aspirantes mantienen inscripciones mineras vigentes o suspendidas en el registro.
El 23 de diciembre se dieron a conocer las listas oficiales de candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicará las nóminas con los postulantes elegidos en elecciones internas y por designación.
Por ahora, según los registros de candidatos de la ONPE para elecciones internas, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y diversas investigaciones independientes, hay varios aspirantes al próximo Congreso bicameral con vínculos con la minería informal. Unos tienen inscripciones vigentes o suspendidas en el Reinfo, otros fueron asesores o tienen antecedentes políticos asociados a este sector.
Esta presencia se evidencia en varias regiones y partidos. En Cusco aparece Washington Loaiza Cuba, precandidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno, que registra cuatro inscripciones suspendidas en Reinfo en el distrito de Colquemarca, Chumbivilcas, mientras que Joseph Aguirre Saavedra, candidato a diputado por Fuerza Popular, cuenta con Reinfo vigente en el distrito de Ccapacmarca de la misma provincia. El nombre del derecho minero es Tomás BB 15. Según Perú 21, Ricardo Vargas Sánchez, de Fe en el Perú, aspirante a diputado, también tendría dos registros suspendidos.
En Apurímac, Noel Vásquez, de Somos Perú, y Manuel Ramírez, de Perú Primero, aspiran a una curul como diputados y figuran inscritos en el Reinfo. En esta región se agudizaron problemas por tierras entre mineros informales y empresas formales.
En Ica, aparece Leoncio Iglesias, del Apra, y Sixto Gilber Sotomayor, Partido Demócrata Verde, ambos inscritos en el Reinfo, y Cleofé Mejía, precandidata accesitaria al Senado por Podemos Perú, suspendida en el registro.
En Lambayeque, figura Juan Carlos Rodríguez, del Partido Morado, con inscripción suspendida en el Reinfo; en La Libertad, Benner Luján, de Acción Popular, que figura dentro del grupo de 50,000 mineros retirados del Reinfo por no haber cumplido con los requisitos para concretar la formalización, y Adolfo Valverde, de Perú Libre, asesor de la Confemin. En Tumbes, Francisco Dios, de Renovación Popular, también integra el grupo de suspendidos, y en Áncash, Luis Maguiña, de Juntos por el Perú, aparece en la misma condición como precandidato reemplazante.
En Puno, John López, también de Perú Libre, figura inscrito en el Reinfo, mientras que Javier Bernal Salas, precandidato al Senado por Renovación Popular, es dirigente de la Confemin, impulsó la ampliación del Reinfo y es investigado por presunto lavado de activos vinculados a minería ilegal. En Lima, Alfonso Velásquez, de Renovación Popular, y Zoila Yauri, de Juntos por el Perú, forman parte del grupo de 50,000 mineros informales retirados del registro.
En la Amazonía, en Madre de Dios, figura Amado Romero, precandidato al Senado por Podemos Perú, fue suspendido como congresista en 2011 por cobrar regalías a mineros. En Huánuco, Herminio Daga, del mismo partido, figura con inscripción suspendida en el Reinfo.
No solo eso. Raúl Noblecilla, candidato al Senado y a la segunda vicepresidencia por Podemos Perú, es asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales adscrita a la Confemin y abogado de Víctor Sánchez Iparraguirre, líder de un clan familiar en Pataz vinculado a la minería informal. En la misma tienda, Enrique Velásquez, precandidato al Senado, mantiene vínculos con la Central Nacional de Mineros del Perú.
Es muy probable que en las elecciones de 2026 se infiltre la minería informal en listas de izquierda, centro y derecha. Según un reporte del Instituto de Criminología, las economías ilegales en el Perú —entre ellas, la minería ilegal— mueven 7,5 mil millones de dólares anuales, y con parte de esos recursos podrían financiar más de 2 300 campañas presidenciales. Cuando la ONPE publique las listas oficiales sabremos qué partidos pretenden llevar al nuevo Congreso a mineros informales o a sus voceros y defensores.
